La pasada semana les contamos los planes chulísimos, que diría Yoli, de la ministra Isabel Rodríguez. Compareció a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar de su fantástica Ley de Vivienda. Y, entre otras cosas, la titular de vivienda dio su negativa a la barra libre en el mercado de la vivienda, mientras avanzó que esta misma semana se firmará con la Generalitat de Cataluña un protocolo para que dicha Comunidad gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad que pertenecían a la Sareb. Esa era la gran idea de su plan, junto a la habilitación de un teléfono para que la gente pueda informarse sobre temas relacionados con la vivienda. Pocas ideas más, demostrando una vez más el fracaso en materia de vivienda del Gobierno.
Hasta ahí la parte socialista del Ejecutivo, pero es que también tenemos a la podemita-sumarita, Yoli ya propuso quitar las ayudas fiscales a los propietarios que alquilan su vivienda y un nuevo impuesto para gravar el 25% de la compra.
Pero será por ideas si hablamos de Yolanda. Ahora, esta misma semana, Sumar va a defender una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda aquellos hogares amenazados con desahucio, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.
Será mañana martes y los sumaritas lo defenderá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja, todo con el objetivo de contener la crisis de vivienda. Sumar dice que en España hay 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible, cuando la cifra debería rondar los 1,8 millones para situarse en el promedio europeo. Con todo ello, Sumar ha lanzado una batería de propuestas orientadas a hacer crecer el parque público de vivienda. Hasta aquí podríamos encontrar consenso nacional, el debate llega cuando planeas cómo ponerle solución.
¿Construir? ¿Liberalizar suelo? ¿Incentivos para la colaboración público-privada? No, Sumar plantea "erradicar los desahucios" incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o garantizando una renta mínima o una moratoria en casos de vulnerabilidad, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas.
También se plantea un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo marcado en el punto anterior.
Razonamientos Yoli: hay falta de stock de vivienda, ¿solución? poner más trabas a los propietarios, expropiar y nacionalizar... vamos bien.