Resulta curioso cómo actúa el Gobierno Sánchez, aprovechándose de organismos públicos que supuestamente son independientes, algo que ya se ha visto con la Fiscalía General del Estado, el CIS, el Tribunal Constitucional, la CNMV, etc., y ahora también con la CNMC. Y es que no ha tenido reparos en usarla para castigar a Repsol… por unos descuentos que Teresa Ribera, siendo vicepresidenta tercera del Gobierno, agradeció en marzo de 2022 e incluso invitó a que otras petroleras imitaran… y algunas lo hicieron (Cepsa -hoy Moeve-, BP, Galp, Shell y Disa, por ejemplo).
De hecho, el 25 de marzo de 2022, un mes después de que se produjera la invasión rusa de Ucrania y el inicio de la guerra, desatando una fuerte crisis energética, Ribera dijo: “Hemos pedido un esfuerzo a las petroleras. Ayer tuvimos un movimiento importante de la mayor compañía del sector. Confiamos en que a lo largo de los próximos días haya más movimientos en esta dirección (…). Agradecemos este movimiento de Repsol y esperamos movimientos de otras petroleras. Esto se sumará al esfuerzo adicional que hará el Gobierno”.
Declaraciones que conviene recordar ahora, cuando el regulador de la Competencia ha multado a varias empresas del grupo Repsol con 20,5 millones de euros y les ha prohibido participar en contratos públicos para el suministro de combustibles para automoción gasóleo A durante seis meses. Este organismo, supuestamente independiente, que preside Cani Fernández, afirma que dichas compañías “desplegaron una política de precios que estrechó los márgenes de las gasolineras de bajo coste (low cost) y les impidió competir” en un periodo en el que “Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio a escala nacional”. Además, apunta a que subió el precio de venta a sus rivales del gasóleo A en el mercado mayorista, al tiempo que en el mercado minorista hizo una campaña de descuentos adicionales a los previstos por el Gobierno.
Repsol ha lanzado un duro comunicado donde rechaza “de forma tajante” la sanción de la CNMC, la cual recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa y tiene la convicción de que “los tribunales nos darán la razón”. También señala que la multa “se apoya en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado”. La compañía que preside Antonio Brufau y tiene como CEO a Josu Jon Imaz subraya que “es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado”. Además, avisa de que “sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras”.
Unos descuentos que fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, cuya aplicación supervisó la propia CNMC… durante todo 2022. Repsol apunta que el regulador de la Competencia “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, pero si se considera el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022 y tenía numerosos competidores. “Nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (nueve meses) y en condiciones excepcionales”, subraya la compañía, recalcando que “no hubo exclusión de competidores ni dependencia real” y que la CNMC identifica doce estaciones de servicio de tres competidores (Andamur, Arria y AS24) que “aumentaron sus ventas y resultados en el periodo, operaron con márgenes positivos y dispusieron de numerosas alternativas de suministro”. Por tanto, no se vieron perjudicados… y hasta AS24 envió un escrito a la CNMC reconociendo que no había sufrido ningún pinzamiento… pero el organismo lo ha ignorado. Es más, hasta dicho regulador “reconoce que no hubo márgenes negativos ni salidas del mercado por parte de los competidores analizados”… por lo que se entiende aún menos la sanción.
Conviene recordar que el regulador de la Competencia inició la investigación tras las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) -esta agrupaba entonces, entre otros, a los operadores petrolíferos independientes Petroprix y Ballenoil (que dejó de serlo en noviembre de 2023 cuando fue comprado por Cepsa -hoy Moeve-) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos... y que no iban sólo contra Repsol, sino también contra Cepsa -hoy Moeve- y BP. A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos… en diciembre de 2023, inició un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de posición de dominio en el mercado… y ahora se ha conocido la multa. A la sancionada le sorprende que suceda en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de servicio independientes, que ya controlaban el 45% de las estaciones de servicio en España (5.736) a finales de 2024, y también le resulta llamativo “que no haya ninguna referencia al fraude” en la distribución mayorista de carburante, pese a dos denuncias presentadas por Repsol.
¿Casualidad? Por supuesto que no, y muchísimo menos si se recuerda al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller, quien defendía que las casualidades no existen. No hay que olvidar que Repsol ha sido firme en muchos temas, como la propia denuncia del fraude en la venta de combustibles por parte de muchos operadores (sub judice en la Audiencia Nacional en estos momentos), la defensa de posturas realistas en transición energética que responden a las necesidades de la sociedad española (a veces en contra del criterio del Gobierno), la política fiscal del Ejecutivo (por ejemplo, con el impuestazo energético)... Ahora parece que desde Moncloa se le ha querido castigar y también usar el sector energético como chivo expiatorio y cortina de humo para desviar la atención de otros problemas estructurales del país, como la urgente inversión en redes eléctricas o la grave falta de inversión en infraestructuras, o de todos los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y a la familia del propio Pedro Sánchez en los últimos meses.