Los agricultores llegan al séptimo día de protestas, las cuales cuentan con el respaldo de la mayoría de los españoles, pese a los intentos de manipulación de Moncloa, y desde el sábado 10 también de los transportistas (eso sí, sólo de los autónomos y pymes que agrupa la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte). Y las protestas continuarán: de hecho los agricultores señalan que “seguirán hasta que se atiendan sus peticiones” y los transportistas hablan de paro indefinido, pero ¿hasta cuándo podrán aguantar los primeros si no se les escucha?

 

SOS Rural, el movimiento ciudadano surgido en 2023 en el seno de asociaciones de agricultores de Cartagena, ha presentado 13 medidas que ve imprescindibles para poner a salvo la actividad económica y social de un ámbito rural donde viven y trabajan 9 millones de españoles. En rueda de prensa, su portavoz, Natalia Corbalán, ha referido que “somos un movimiento de luces largas, no nacemos ahora al calor del oportunismo, sino hace 11 meses para canalizar ese hartazgo” del campo. Su secretario general, Javier Poza, ha pedido “unidad de acción y coordinación entre todos los sectores afectados” del medio rural.

El movimiento SOS Rural solicita, entre otras cosas, “protección de las tierras agrícolas de otros usos que no sean agrícolas”, ante la presión de los lobbies de energías renovables y otros para capturar CO2, porque deben producir alimentos

Este movimiento ha solicitado, entre otras cosas, “protección de las tierras agrícolas de otros usos que no sean agrícolas”, ante la presión de los lobbies de energías renovables y otros para capturar CO2, porque deben producir alimentos. También quieren “una política más pegada a la tierra y al agricultor”, así como “potenciar la ganadería, porque donde existe hay vida y desarrollo económico”, y luchar contra su demonización. “Agricultura y ganadería tienen que tener una función productiva”, ha subrayado Poza. Eso sí, pide que se modifique la Ley de la Cadena Alimentaria, revisión de las directivas de la UE sobre prácticas desleales, introducir cláusulas espejo en los acuerdos comerciales para competir en igualdad de condiciones.  

Por su parte, desde la Plataforma 6-F, su responsable jurídico, Xaime da Pena Gutiérrez, ha criticado que “hay una contradicción por parte del Gobierno, ya que está hablando de que las protestas son legítimas, pero luego actúa como si no lo fueran”, en alusión a los golpes que han recibido por parte de la Policía algunos agricultores y transportistas el pasado fin de semana. Eso sí, la Jefatura de Policía Nacional de Madrid está preparando una denuncia que enviará a la Fiscalía Provincial para que investigue un posible delito de odio protagonizado el sábado 10 por la líder de la plataforma 6-F de agricultores, Lola Guzmán, porque en un vídeo llamó “criminales e hijos de puta” y “os mató poco la ETA ”a los policías nacionales de la Unidad de Intervención (más conocidos como antidisturbios) que intervinieron contra miembros de esta plataforma cuando intentaron cortar sin autorización la M-40 a la altura de la explanada del Estadio Metropolitano.

Mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, habla de la PAC. En una entrevista en Onda Cero ha subrayado que los agricultores y ganaderos van a ir percibiendo “poco a poco” la PAC, y que llevará el debate “eterno” sobre la simplificación en la tramitación e las ayudas a Bruselas el próximo día 26. Eso sí, llama la atención que se permitiera añadir que “no hay sostenibilidad ambiental sin rentabilidad empresarial”, justo cuando los agricultores que están protestando cargan contra la Agenda 2030 y critican que cada vez tengan más exigencias que cumplir (incluidas las de la Ley de Restauración de la Naturaleza o la Ley de Bienestar Animal) a cambio de recibir el dinero de la PAC.