Tal y como ha publicado Hispanidad, se necesita la firma de 88 diputados para plantear acusar al presidente del Gobierno de traición, según el artículo 102.2 de la Constitución.

Una vez iniciado el procedimiento, se necesita la mayoría absoluta de la cámara, es decir, 176 diputados, para que sea aprobada. Si la iniciativa consigue la mayoría absoluta del Congreso, es decir, esos 176 diputados, la Presidencia de la Cámara la comunica al Tribunal Supremo.

En este momento, Vox cuenta con 33 diputados y el PP con 137. Así que la iniciativa para acusar de traición a Pedro Sánchez por su actuación en Ceuta podría ser perfectamente echada rodar en trámite parlamentario.

Otra cosa es que se consiga la mayoría absoluta de 176 diputados necesaria para elevar el caso al Tribunal Supremo.

Sin embargo, por el momento, el PP no está dispuesto a secundarla bajo el argumento: "No estamos para perder votaciones”. Que se parece mucho al argumento que utiliza este mismo partido para presentar una moción de censura.

Lo que sí ha hecho el PP es personarse en la causa judicial que ayer abrió la juez María Tardón de la Audiencia Nacional, quien decidió investigar si el 30 de julio, en Ceuta, hubo un ataque contra el territorio español y si hubo delitos contra el Estado, como el favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidios y lesiones. Además, la magistrada creó una carpeta secreta para todas aquella investigación que puede perjudicar la seguridad nacional.

Y veremos el recorrido judicial de esta investigación, que podría llegar hasta el Supremo. Por lo pronto, desde el Gobierno sanchista ya se han apresurado a criticarla por boca, cómo no, del ministro Óscar Puente: "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad". Además, recuerda que esta juez fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, bajo Gobierno del PP (aunque como independiente).

Y hoy, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también la ha criticado: "Si pide un informe que no se pasa al Gobierno y ese informe lo pasa un medio que tiene tufo de derechas, pues para mí ya empieza un poco regulín".

Ya se sabe: cuando al Gobierno sanchista no le gusta una actuación judicial, recurre al facilón recurso de poner al magistrado (o magistrada) a caer de un burro, pero siempre "respetando las decisiones judiciales", lo que no puede ser más hipócrita...