El caso de los abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada por la Generalitat valenciana no parece tener fin. Lo último que compartimos en Hispanidad es que se estrechaba el cerco contra la ex vicepresidenta valenciana: la acusación popular pedía seis años de prisión para ella, por encubrimiento y malversación de fondos
Desde que en junio de 2024, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia estimara los recursos de la víctima y de dos acusaciones populares -Vox y Gobierna-te- y reabriera la causa por entender que no podía “descartarse claramente” la existencia de infracción penal y considerar que había indicios suficientes para encausar a los investigados, tras recibir los escritos de acusación y defensa, y comprobar que la Fiscalía respaldaba la posición del instructor y que no apreciaba la existencia de delito alguno, el pasado mes de junio Instrucción 15 volvió a archivar la causa.
Ante esta decisión, la víctima de los abusos sexuales ha recurrido ante la Audiencia de Valencia esa decisión del Juzgado de Instrucción 15 de archivar la causa contra Oltra y ha pedido que el proceso siga adelante con la apertura de juicio oral.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, los abogados de esta joven sostienen que el reciente archivo dictado por Instrucción 15 va en “franca contradicción” con lo resuelto anteriormente por la Audiencia, que “en vía de apelación ya revocó el anterior auto de sobreseimiento”.
La víctima de los abusos sexuales considera evidente que hay indicios “que apuntan todos en una misma dirección y permiten una inferencia lógica: primero se ocultó el delito y cuando salió a la luz se quiso desactivar”.
La defensa de la menor sostiene que “está documentado que cuando al cabo de cuatro meses se destapó y judicializó el asunto los otros acusados hicieron todo lo posible por entorpecer la investigación, retrasando o dejando sin contestar oficios y requerimientos de la Fiscalía, instruyendo una información reservada paralela a la judicial, y elaborando un informe sesgado y tendencioso para mermar la credibilidad de la niña abusada, destinando a ello recursos públicos”.