Si el Estado no garantiza la seguridad, el resto de los valores (libertad, acogida, solidaridad, etc) terminan por tambalearse y la democracia corre grave riesgo. España, como el resto de Europa, atraviesa una crisis de autoridad y de confianza institucional por falta de seguridad. El contrato social se basa en una premisa básica: el ciudadano cede el uso de la fuerza al Estado a cambio de seguridad. 

Pero cuando el Estado se percibe como incapaz de sancionar la reincidencia o de controlar el orden público, el ciudadano siente que el contrato ha sido roto unilateralmente por los poderes. 

El peligro por tanto de sublevación social y revueltas que arrastramos desde hace años, incrementado ahora con la llegada de migrantes irregulares que esperan la regularización masiva, es algo más que utópico. Pese a ello, parece que las autoridades locales, centrales y europeas no toman en serio las advertencias en sus calles, distraídas como están por otros conflictos externos (guerra en Ucrania, Irán, Oriente Medio etc) o cuestiones domésticas.

España, como el resto de Europa, atraviesa una crisis de autoridad y de confianza institucional por falta de seguridad

Esto no quita que no haya día sin reportarse un acto violento en muchas de las ciudades europeas, algo inusual en otros tiempos pasados. Por ello, cualquier regularización futura, como la que está en marcha en España desde el gobierno Sánchez, debe ir ligada a una adhesión innegociable a los valores y leyes locales. La integración no es solo un subsidio, es un compromiso de respeto civil. Difícil de creer en España cuando sobrepesa la motivación electoral a la humanística.

Si bien hay explicaciones sociológicas y antropológicas de tanta conflictividad social para la falta de integración, desajustes de expectativas, segregación, choque cultural y desvinculación social, lo cierto es que hemos llegado a un punto donde las instituciones y los poderes públicos parecen claudicar ante el creciente aumento de las redes de delincuencia. La impotencia de los residentes es suprema.

La percepción de impunidad surge cuando delitos considerados "menores"  no conllevan una respuesta inmediata (prisión o expulsión), debido a procesos judiciales lentos o falta de convenios de repatriación con los países de origen. No hay capital europea que esté a salvo pero en ciudades como Bruselas, Marsella o Barcelona la escalada de los disturbios supera la capacidad de respuesta,  transmitiéndose el mensaje entre cada vez capas amplias de la población de que el Estado ha perdido el control de ciertos barrios.

Si el ciudadano autóctono siente que el Estado no puede protegerle, se corre el riesgo de que aparezcan cada vez más  grupos de "autodefensa" y sobre todo una desafección total hacia la democracia por una devaluación de los poderes. Las consecuencias son claras. La violencia descontrolada por las fuerzas públicas está debilitando  el apoyo ciudadano a la migración legal y necesaria, provocando reacciones de políticas de fronteras no tan severas como se desearían que afectan a quienes realmente necesitan refugio y a quienes muchos estados recibirían con los ojos cerrados en otras circunstancias para garantizar el contrato social.

Hemos llegado a un punto donde las instituciones y los poderes públicos parecen claudicar ante el creciente aumento de las redes de delincuencia

Según la oficina europea Eurostat (2023-25) se ha registrado un incremento de los homicidios y robos con violencia en la UE  por parte de una población extra-comunitaria. Los mayores aumentos absolutos se detectaron en Alemania y Francia. De acuerdo a las últimas estadísticas de justicia penal , aproximadamente 1 de cada 5 presos (el 20%) en la comunidad europea tiene nacionalidad extranjera. Esta proporción es significativamente más alta que el peso que los extranjeros tienen en la población total de la UE.

De acuerdo al último informe de la BKA (Oficina Federal contra el Crimen de Alemania) hay sobrerrepresentación de sospechosos de nacionalidad turca, siria y albanesa en redes de narcotráfico y violencia callejera, basado en el dato de que el 41% de todos los sospechosos de delitos no tienen pasaporte alemán.

En otros países de Europa Occidental (como España, Italia o Francia), el porcentaje de población reclusa extranjera es significativamente superior a su peso proporcional en la población total, especialmente en delitos de calle. La Francia de Macron es líder en disturbios urbanos generalizados y ataques en espacios públicos. Ciudades en Alemania contabilizan un  repunte de ataques con arma blanca y delitos violentos en estaciones de tren y centros urbanos. Suecia pasó de ser uno de los países más seguros a enfrentar una crisis de guerra de bandas (migrantes de segunda y tercera generación) que ha obligado a involucrar al ejército en tareas de apoyo policial.

La crisis en Oriente Medio y las revueltas en numerosos países de la región del Sahel, añaden incertidumbre  a la llegada masiva de más migrantes hacia Europa a través de España. A ello se añade las amenazas más que teóricas sobre las plazas españolas de Ceuta y Melilla aprovechando la debilidad de Sánchez en el seno de la OTAN e Israel.

Tanta  inacción pública está echando gasolina a la radicalización futura. Por ello, urge recuperar el principio de autoridad que es el único camino para salvar la convivencia europea y respetar el contrato social. Y España debe dejar de confundir la tolerancia con la indefensión prefiriendo el silencio de las estadísticas a la seguridad de sus calles, porque el eco de la violencia es imposible de ignorar.