Como viene informando en Hispanidad, Rocío Orizaola, son muchos los casos de 'vulnerables' okupas de los les toca a los propietarios de viviendas ser escudo social.
Pues bien, llegan malas noticias para los afectados por la okupación. Desde la Plataforma de Afectados por la ocupación e inquiocupación explican en un comunicado su rechazo al acuerdo entre EH Bildu y PSOE para prorrogar el decreto del escudo social que causa la inquiocupación y hace que el gobierno desatienda a las familias vulnerables, derivando sus responsabilidades a familias trabajadoras con una vivienda en alquiler.
Tras el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para mantener el escudo social durante todo 2026, Oskar Matute (@OskarMatute) afirmó que, pese a los “ataques y amenazas del bloque reaccionario”, su formación seguirá trabajando en favor de las mayorías sociales pic.twitter.com/nKGowPUZ9Z
— Público (@publico_es) December 22, 2025
No podemos permitir -destaca la Plataforma- que otro año más (serían 7) se vuelva a prorrogar ante la dejación de funciones del gobierno.
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Así, explican que "como representantes de los ciudadanos afectados, declaramos que no aceptamos ningún decreto que no haya sido convenido con los afectados, principales perjudicados por estas medidas al ser obligados a mantener a familias vulnerables que el decreto no protege y a miles de inquiocupas que se aprovechan de esta medida. La medida que se aprueba por séptimo año consecutivo, planteada inicialmente como medida provisional para hacer frente a la crisis del Covid-19, se vuelve a acordar pese a que como marca el decreto, el gobierno no se ha hecho responsable de las familias vulnerables durante los 6 años de ejecución. La falta de vivienda social, así como la falta de dotación presupuestaria vinculada al decreto, hace que las administraciones públicas hayan derivado su responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a familias vulnerables hacia los pequeños tenedores.
La oferta del mercado del alquiler en España está constituida por un 93,4% de viviendas que pertenecen a familias con una única vivienda en alquiler. En ningún caso se trata de un mercado en manos de grandes tenedores o fondos de inversión, por lo que la paralización de desahucios y la dejación de funciones del gobierno volverían a asfixiar a miles de familias que por decreto se ven obligadas a mantener a las familias vulnerables. Por este motivo, la inseguridad jurídica que vive actualmente el mercado del alquiler seguirá tensionado, ya que el gobierno se limita a "congelar" la situación (suspender el desahucio) en lugar de dar una solución habitacional alternativa. Al no haber una inversión real en vivienda pública o partidas directas de servicios sociales, el propietario se convierte en un "asistente social forzoso" sin tener las facultades ni los recursos para ello, lo que propiciará que los pequeños tenedores sigan retirando sus activos del mercado por miedo a la inquiocupación, disminuyendo aun más la oferta y aumentando los precios.
El decreto ha servido para paralizar desahucios y lanzamientos de familias vulnerables, pero también de muchas "falsas vulnerables" que se aprovechan de las lagunas legales. Además el gobierno se escuda en unas compensaciones a los afectados por la paralización de desahucios que no llegan. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación publicó un estudio en 2024 que recogía que solo el 7% de los afectados habían recibido la compensación. Por tal motivo, pedimos al gobierno la derogación de este decreto buscando fórmulas alternativas que propicien que los servicios sociales puedan responder a la situación de las familias vulnerables con los recursos que necesiten. Así mismo, animamos al Ministerio de Vivienda a que ofrezca los recursos habitacionales de Casa47 a las familias declaradas vulnerables. El derecho a la vivienda no puede ejercerse vulnerando el derecho a la propiedad privada de las familias trabajadoras".