Ser okupa puede ser un negocio redondo. Por un lado, se han convertido en verdaderos agentes inmobiliarios ilegales, okupan pisos que luego realquilan o venden, ilegalmente, a terceros. Para dar servicio completo, muchos de ellos, una vez han vendido o alquilado, se ofrecen al propietario para echar a los okupas que ellos mismos han metido, todo previo pago. Pero también hacen negocio de otra forma: la extorsión al propietario. Así, okupan una vivienda y piden dinero al propietario para irse, así no tienen que acumular deuda o esperar a que la Justicia actúe.
Se puede decir que lo tienen 'bien montado'. Por ejemplo, no pagan suministros, que corren a cargo del propietario o de todos los españoles, con enganches ilegales de luz. Y son expertos en muchas cosas, gracias a los manuales de okupación, por ejemplo, el caso que tenemos hoy.
Un hombre está siendo juzgado en Granada por okupar una vivienda en el centro de la ciudad y escudarse en un contrato de alquiler falsificado. El problema viene porque el contrato tiene una firma de la propietaria, fallecida.
En marzo de 2024, el hombre se coló en la casa aprovechando que estaba vacía tras la muerte de la propietaria. Los hijos de la señora se dieron cuenta y fueron a pedirle explicaciones.
El acusado, sin ningún tipo de miramientos, aseguró que tenía un contrato de arrendamiento firmado por la propietaria, supuestamente antes de fallecer. Es más, el okupa lo llegó a presentar en sede judicial para demostrar la legalidad de su estancia en la vivienda, obligando a suspender el procedimiento de desalojo hasta que se comprobara si era auténtico.
Fue entonces cuando el juzgado acordó una prueba pericial caligráfica y el análisis técnico determinó que las firmas eran falsas, no habían sido realizadas por la propietaria, incurriendo en una falsificación documental.
A ese delito, sumamos usurpación de inmueble, falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa. Por estos hechos, y según ha podido conocer El Debate, el Ministerio Público reclama una condena de un año y tres meses de prisión, además de una multa de 1.800 euros.