La expulsión cautelar del Congreso, con la consiguiente retirada de su acreditación, a los periodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo, marca un hecho sin precedentes conocidos. Nace así en la Cámara Baja un régimen sancionador específico para informadores acreditados que interrumpan o dificulten la labor parlamentaria y de prensa. Así, las interrupciones de ruedas de prensa, grabaciones en áreas no autorizadas, desacato a instrucciones, accesos sin acreditación, publicación de grabaciones o imágenes obtenidas de forma irregular, serán penalizadas con faltas que serán leves, graves o muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta revocaciones temporales como en el caso de ambos periodistas- o definitivas de acreditación, incluyendo suspensión de medios por hasta tres años. 

Los expulsados, por su parte, se toman la medida con ironía y sentido del humor:

 

Y, entre las reacciones ante la medida, Vox y diputados del PP, como Rafael Hernando, lo critican, el Gobierno -¡oh sorpresa!- lo celebra.