Algo está pasando en el mundo, en general, -no sabemos qué, pero está claro que algo está pasando- cuando nos encontramos con noticias como esta: Tres hombres que protestaron contra la agresión sexual a una niña en Reino Unido son condenados a penas de prisión más largas que el violador, un inmigrante ilegal etíope.
El caso, viralizado ahora en redes sociales, se remonta a la sentencia dictada contra Haddouche Kibatou, un inmigrante ilegal de origen etíope que fue declarado culpable de varias agresiones sexuales. Entre los hechos probados figuraron tocamientos y el intento de besar a una menor en edad escolar, así como la agresión a una mujer de edad avanzada. El tribunal le impuso una pena de un año de prisión, además de su inclusión en el registro de delincuentes sexuales y una orden de alejamiento.
Vecinos de la localidad de Epping organizaron protestas frente a un hotel utilizado como alojamiento para solicitantes de asilo. Lo que comenzó como una concentración de rechazo acabó degenerando en incidentes y enfrentamientos con la policía, con acusaciones de desórdenes públicos y violencia.
Según La Gaceta, tras aquellas protestas fueron detenidos tres residentes locales, a quienes la Fiscalía acusó de participar activamente en los altercados. El tribunal consideró probado que los acusados contribuyeron a crear una situación de riesgo para el orden público y dictó contra ellos penas de prisión que, en conjunto, superan la duración de la condena impuesta al agresor sexual, que fue de un año de cárcel.
La diferencia entre las sentencias ha desatado una intensa polémica en el Reino Unido. Críticos del fallo hablan de una «justicia desproporcionada», al entender que quienes protestaron por delitos especialmente graves han sido castigados con mayor severidad que el propio autor de esos hechos. Otros subrayan que la violencia durante las manifestaciones no puede justificarse, con independencia del motivo que la origine.
Este caso, nos recuerda al del inmigrante turco condenado por violación -también en Reino Unido- que recibirá una indemnización... porque el dispositivo de vigilancia lo dejó "deprimido". No es broma. Así lo determinó recientemente el juez del Tribunal Superior, Justice Lavender, al considerar que el dispositivo le generaba un «sufrimiento físico y psicológico» debido a su peso y molestias constantes. Ahora, los abogados del caso participarán en el proceso para fijar cuál sería la «compensación adecuada».
¿Y si hubiera ocurrido en España, con la polémica en torno al mal funcionamiento de los dispositivos para proteger a las víctimas de maltrato, cómo lo habría afrontado la ministra Ana Redondo?