Jucil considera imprescindible la dotación de defensas extensibles, una por cada Guardia Civil; pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla; cámaras unipersonales; chalecos antibalas individuales, pues actualmente se comparten y muchas veces utilizando otras tallas; chalecos antibalas y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo; fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados. Además, solicita protocolos de custodia de detenidos y para evitar desplazamientos en solitario de un único efectivo para formar patrulla.

¿Por qué todo esto? Pues, debido a que las agresiones a agentes de la Guardia Civil continúan situándose en niveles muy elevados. Según los últimos datos disponibles, hasta el tercer trimestre de 2025 el número de agresiones a guardias civiles siguió por encima del millar en toda España, lo que se traduce en una media de cinco ataques al día.

Aunque en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior se registra un descenso del 11%, explica la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, las cifras actuales siguen superando claramente los guarismos de 2022 y 2023, lo que confirma que la violencia contra los agentes no es un fenómeno puntual, sino un problema estructural que se mantiene en el tiempo.

Resulta especialmente preocupante el impacto directo de estas agresiones en la salud de los guardias civiles. El 47% de los incidentes que generan absentismo laboral tienen su origen en agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los agentes y la insuficiencia de las medidas de protección y de respaldo institucional.

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Pese a estos datos, recuerdan desde Jucil, el Ministerio del Interior continúa sin reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo, una reivindicación histórica del colectivo que sigue sin respuesta. Este miércoles, Jucil acudirá a Bruselas para mantener una reunión con el Grupo Popular Europeo, que trabaja en el impulso de una futura directiva europea relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para los agentes de policía y a su consideración como profesiones de riesgo.