Lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos ante otro Sólo sí es sí, ante lo que podemos denominar el legado de la mente preclara de la exministra Irene Montero. La Comunidad de Madrid ya alertó sobre el número de agresores que se hacen trans para eludir la Ley de Violencia de Género. Pero la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, soberbia como su predecesora en el cargo, aseguró que "los casos aislados no se pueden elevar a categoría".
Razón no le faltaba al Gobierno de Ayuso: ya se conocen varios casos en los que maltratadores se hacen mujeres para eludir la ley contra violencia de género, pues al sentirse mujer, si pegan a otra mujer ya hablamos de violencia intrafamiliar, con penas menores que la violencia de género.
Además de los casos que ya han llegado al lado de la 'víctima', que siendo hombre se declara mujer para acceder a protección y otras medidas que le pueden ser favorables. Después fue la Fiscalía General del Estado la que le dio un toque a Interior y al Gobierno. En su memoria anual, relativa a 2024, el ministerio público alertó que son muchas las fiscalías preocupadas con estos cambios registrales de sexo, realizados en fraude de ley para dañar a las víctimas de violencia de género.
Hace unos días fue el famoso youtuber Inocente Duke. En Hispanidad les hemos hablado de él y de cómo poco a poco ha ido desmontando los fallos de la ley.
Ahora el creador de contenido concede una entrevista donde cuenta su experiencia estos años enfrentándose a la Ley Trans, al cambio de sexo en el registro e incluso de nombre.
Cómo CONVERTIRTE en MUJER en unos SENCILLOS PASOS ❌ INOCENTE DUKE https://t.co/IfTuL63AWN
— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 1, 2026
Además, las feministas clásicas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres pone, a disposición de todos "un mapa interactivo que documenta los impactos de la autodeterminación del sexo registral".
El mapa localiza y documenta el impacto de la autodeterminación del sexo registral. Se trata de los casos recogidos por la prensa en los que la aplicación de la llamada ley Trans de 2023 ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas implementadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres.
La ley trans es muy clara: reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y será efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. En su articulado, la norma establece que el cambio de sexo en el Registro no cambia las consecuencias judiciales por la violencia de género cometida si el maltrato se realizó antes de la modificación, pero ¿qué pasa cuando la denuncia de la víctima llega después del cambio?
El mapa sitúa geográficamente esos casos y permite consultar una ficha descriptiva que detalla los pormenores y vincula con la referencia mediática de cada caso.
Maltratadores, feminicidas, pederastas... han modificado su sexo registral sin obstáculo alguno. La Ley trans no prevé que los registros civiles que tramitan el cambio verifiquen los antecedentes penales.
— Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) February 3, 2026
El mapa de impactos también recoge estos casos.https://t.co/e4W2pdpkws
Hasta el momento, la casuística documentada de los impactos de la Ley trans supera el centenar de ejemplos. No están todos. Son solo los que han trascendido a los medios de comunicación. En este sentido, la organización feminista denuncia “el oscurantismo de las instituciones que están negando acceso a la información que permitiría conocer la amplitud real del problema”.
Las respuestas obtenidas por Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en sus numerosas consultas al portal de Transparencia reconocen la ausencia de sistematización en la recogida de los datos y evidencian una falta de voluntad política de hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la “autodeterminación” de un dato registral, con grandes implicaciones prácticas en amplias esferas de las relaciones sociales y que colisiona con derechos de terceros.
El mapa interactivo geolocaliza casos de maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores que no han encontrado ningún obstáculo para solicitar y obtener la modificación del sexo en los registros civiles. Hoy, son legalmente mujeres.
Conviene recordar que en el registro no se verifican los antecedentes penales de la persona que solicita el cambio de sexo registral.
Se documentan también casos en que un cambio legal de sexo ha dilatado juicios por violencia machista, a la espera de determinar si la denuncia debía ser tramitada en un juzgado de violencia sobre la mujer o en un juzgado de instrucción. Como es sabido, el cambio de sexo legal no afecta a los procedimientos por violencia machista cometidos previamente, pero en el caso de que la agresión contra la pareja o ex pareja se cometa con posterioridad al cambio de sexo registral, el procedimiento sí quedará afectado. Quedan recogidos en el mapa casos de cambio registral que tratan de sortear las leyes de protección a esas mujeres.
Se han documentado situaciones en las que hombres opositores han obtenido plazas al acceder a los exámenes utilizando un DNI femenino, haciendo un uso indebido de las acciones positivas destinadas a empleos con baja representación de mujeres.
Así mismo, el mapa incluye casos en los que el cambio registral ha permitido que varones reclamen el uso de vestuarios femeninos en los centros de trabajo, en las comisarías, en los cuarteles o en los lugares de ocio. Un asalto a los vestuarios que se produce también en las prisiones de mujeres. Amparados en lo que permite la Ley de autodeterminación del sexo registral, asesinos, violadores o proxenetas han solicitado el traslado a un módulo penitenciario de mujeres.