La escalada de tensiones diplomáticas entre la administración Trump y la UE ha reabierto un debate que muchos consideraban cerrado como es la vigencia del colonialismo en el siglo XXI. Mientras Washington presiona para "adquirir" Groenlandia bajo una lógica de activos estratégicos, Europa se enfrenta al espejo de sus propios territorios de ultramar, revelando cierta dualidad entre la legalidad democrática y la herencia imperial. Sólo por esa nueva contradicción política y ética, provoca que una parte del mundo tome a Europa por un “bufón de circo”.

Frente al pragmatismo de la nueva administración norteamericana que cree poder comprarlo todo con un cheque bancario, está la predicadora ética europea de descalificar al Tío Sam y conservar a toda costa territorios en ultramar y hasta peñones de roca en países soberanos que reclaman desde hace siglos su devolución.

Para el presidente Trump, la compra o el alquiler indefinido de Groenlandia es una gesta –según la óptica yanky– pragmática para asegurar recursos críticos, el control ártico e impedir que rusos y chinos estén tan cerca de sus fronteras amenazando su soberanía nacional.

Por el contrario, los europeos que tildan de imperialista a Washington rechazan practicar ellos mismos el término “colonialismo" en pleno siglo XXI y en su lugar hablan de territorios no autónomos o territorios en ultramar. Países como el Reino Unido, Francia, Países Bajos y Dinamarca entre otros cuentan con un territorio conjunto en ultramar y fuera del viejo continente que representa más de 4,5 millones de habitantes autóctonos.

Pensemos en las “posesiones” de la Corona de su Majestad Británica por el globo a miles de kilómetros de distancia de Londres, en  América: Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Malvinas (reclamadas por Argentina desde 1833), Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas. En Europa: Gibraltar (reclamado por España desde 1713). En África: Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Y en Oceanía: Islas Pitcairn, las islas Georgia del Sur, así como Jersey, Guernsey e Isla de Man (con un estatus jurídico especial).

En Francia son más sutiles y se refieren a Departamentos de Ultramar o provincias francesas sus posesiones en: Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa y los territorios integrados de Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión (parte de la UE). Según algunas fuentes, París a través del Ministerio francés de Ultramar dedica por distintos conceptos alrededor de 20.000 millones de euros anuales en mantener sus territorios fuera de la metrópoli. Que se sepa el “Tour de France” nunca ha pasado por tantas provincias galas. 

Los Países Bajos cuentan con los denominados países autónomos más allá de la metrópoli protectora en: Aruba, Curazao y Sint Maarten; así como con municipios especiales: Bonaire, San Eustaquio y Saba (las "Islas BES"). Ninguno figura en la lista de descolonización de la ONU, pero mantienen una relación de dependencia con La Haya.

En la disputa actual con Dinamarca, este país escandinavo posee dos territorios autónomos como son Groenlandia y las Islas Feroe, que aunque tienen gobierno propio, dependen de Copenhague con hasta el 50% del presupuesto local para su mantenimiento, defensa y política exterior.

Por todo ello, la paradoja ética europea no está exenta de cierta polémica en especial en los EEUU: ¿Con qué autoridad moral Europa rechaza frontalmente una anexión comercial (de Groenlandia ) cuando el Reino Unido mantiene aún 10 territorios en la lista de colonias de la ONU o España -de donde parten las críticas más feroces contra la política de Trump- sigue siendo la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental (considerado por la ONU territorio pendiente de descolonización) aunque Sánchez se lo haya cedido unilateralmente a Marruecos al poco de entrar en Moncloa? 

La dependencia económica de todas esas “colonias” de sus metrópolis europeas a base de pingües subvenciones podría cuestionar en pleno siglo XXI la independencia real política y administrativa que tanto pregonan las cancillerías europeas y  organismos internacionales como la UE, la OTAN, la ONU, etc  que además nos recuerda a diario los medios occidentales de todo signo editorial.

Como es de esperar sectores conservadores norteamericanos respaldan la actitud del presidente Trump argumentando que la compra de Luisiana (1803) y de Alaska (1867) también fueron tildadas en su época de "absurdas" o "inmorales". Para ciertos medios americanos de comunicación que presumen de equidad periodística, la ética no es estática sino que se mide por el beneficio a largo plazo de la nación, como podría ser ahora el caso de la isla de hielo en el Ártico.

La propuesta de Trump de “comprar” Groenlandia escandaliza en una parte de la opinión pública europea pero ésta ve con naturalidad las inyecciones millonarias de sus impuestos en administrar territorios de ultramar bajo dominio. Recordemos las multimillonarias prebendas de Pedro Sánchez (España) al reino de Marruecos (calculadas en unos 17.000 millones de euros por distintos conceptos en los últimos años), como si fueran parte de la tutela de la metrópoli con un estado soberano próximo a nuestras fronteras.

La soberanía no está en venta, justifican los críticos y tachan a Trump de imperialista y colonialista inmobiliario con VISA de oro. ¿Lo son los europeos con sus enclaves en ultramar en pleno siglo XXI?   

En el caso de las Islas Malvinas (bajo dominio británico desde 1833), Argentina se enfrenta desde hace siglos a la ética europea y sostiene que las islas fueron arrebatadas por la fuerza, expulsando a la población argentina original. Con el paso de los años, los oriundos isleños han sido trasplantados por su población actual británica que han votado ser británicos.  

De ser ciertas las declaraciones recientes del director del Real Instituto Elcano, Charles Powell: “Juan Carlos I trasladó a Reino Unido que España no quería Gibraltar. Fue una de sus intervenciones directas”, tal vez justifique que a España le cueste recuperar esa colonia británica por derecho propio. Si tuviéramos un Trump en España, hace tiempo que habría declinado la vía diplomática y habría puesto precio al Peñón para su recuperación inmediata.