Primero vamos con el caso: una familia tiene su casa en Mallorca okupada por una mujer que lleva seis años viviendo en el inmueble sin pagar alquiler. Se declara vulnerable, pero según los propietarios, mantiene un nivel de vida alto. La deuda ya va por 50.000 euros.

Los propietarios ceantan que la casa está a 20 minutos del centro de Palma, en una urbanización de alto nivel, con piscina, muy cercana al mar y a un campo de golf. Para más contratiempos, la casa era de una mujer que falleció sin poder recuperarla, ahora es su hijo el que continúa por la vía judicial. 

Es en 2020 cuando la inquilina deja de pagar el alquiler, pocos meses después de entrar a vivir. Aunque los propietarios obtienen una sentencia favorable en enero de 2021, el desalojo se aplaza por el Real Decreto 11/2020, al ser declarada vulnerable por tener una hija menor, lo que impide el desahucio. Recuerden que el Gobierno más progresista de la historia niega la existencia de okupas, son vulnerables y hay que tener un escudo social para protegerlos. ¿Quién compone ese escudo social? El resto de españoles. 

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Mientras, la familia afronta los gastos de inmueble, impuestos y suministros y denuncia el nivel de vida "que la mujer muestra en redes sociales", con viajes a "Dubái, París o Formentera, salidas en barco, estancias en hoteles y restaurantes y fotografías luciendo joyas o conduciendo un vehículo de alta gama".

Hasta aquí podemos hablar de un caso más de okupación como vemos a diario, pero 'El programa de Ana Rosa' ha contactado con la okupa, que defiende que su situación se ajusta a la normativa vigente. "Todo lo que está pasando está dentro del marco legal", afirma.

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¿Lo peor de todo esto? Que la okupa tiene razón.