Esta misma mañana les mostrábamos un nuevo caso de la caradura y la impunidad de los 'vulnerables' protegidos por el Gobierno, que carga a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda. Es lo que llamamos 'el escudo social del Gobierno'. Para desgracia de los afectados, el Gobierno y sus socios han decidido prorrograr un año más este escudo, es decir, el Real Decreto 11/2020. 

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Mañana martes 27 de enero es posible que el Real Decreto se alargue un año más, lo que hará que Carlos, que es parte de ese Escudo Social, tenga que seguir aguantando a sus okupas sin poder hacer nada.

Es vecino de Carabanchel y cuenta su historia en Telemadrid. Desde hace más de año y medio sufre a sus inquiokupas, lo que hace que la deuda ascienda a 15.000 euros y subiendo.

El contrato fue firmado por 1 mujer y 4 hombres originalmente, pero en la actualidad, varias vecinas y el propio propietario han identificado a personas distintas con muchos niños, y saben que el piso está siendo subarrendado de manera ilícita a diferentes personas. Un negocio ya tradicional en el mundo okupa. 

Carlos está a punto de quedarse sin casa puesto que el dueño de la casa donde reside le ha confirmado que necesita el piso porque su hijo viene a Madrid a estudiar: “Porque es que yo me veo viviendo en la calle”.

El propietario asegura que el informe de vulnerabilidad de sus okupas se realizó sin ni siquiera verlos. Es más, según Carlos sus okupas presumen en redes sociales de coches y artículos de lujo. Además, en el informe se asegura que la mujer no tiene a nadie a quien pueda recurrir, cuando el propietario sabe que tiene a varios hermanos viviendo en la ciudad que podrían hacerse cargo.