Día tras día vemos ejemplos de la caradura y la impunidad de los 'vulnerables' protegidos por el Gobierno, que carga a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda, por su gran Ley de Vivienda. Pobres okupas, vulnerables siempre, no pagan vivienda, pero tienen que sacar dinero para sus cosas. 

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Ricardo Moraes, empresario jubilado, cuenta su caso a elPeriódico. Tiene un piso en Rosas​​​, un municipio español en la provincia de Gerona, y ahora está okupado. Moraes es presidente de de la asociación de comerciantes y vecinos de Santa Margarida. 

Compró la vivienda, como tantos otros españoles, para completar su futura jubilación, y la okuparon solo tres días después. Ahí el primer negocio del okupa: vive gratis a costa de Moraes. Pero llega el segundo: el piso lo usa como almacén de material del top manta. 

El empresario asegura que "Hay preocupación real en Santa Margarida. A veces parece que no pasa nada, porque hay muchos pisos vacíos, pero hay muchas okupaciones que no se conocen. No todas se llegan a saber, pero cuando hablas con la gente, ves que es una inquietud general".

Moraes critica el sistema de empadronamiento, sobre todo "la facilidad con la que se pueden empadronar las personas que okupan piso", "no entendemos por qué no se avisa al propietario. El Ayuntamiento tiene los datos y podría avisar. Hay gente con segundas residencias que no se entera hasta que llega el verano y se encuentra el piso ocupado". "Pedimos que el empadronamiento esté más vigilado y se está poniendo mano dura al tema de las ocupaciones". 

Además, cuenta en primera persona cómo la okupación ha hecho que tenga que volver a trabajar "Nosotros vendimos el negocio inmobiliario que teníamos aquí en Santa Margarida y compramos dos apartamentos unidos como inversión para el futuro, para tener una entrada de cara a la jubilación. Al cabo de tres días estaban ocupados. Es muy duro. Te cambia los planes. Ahora tendré que volver a trabajar porque no puedo contar con esos ingresos".

    El okupa no sólo lo usa de almacén, sino que también realquila las habitaciones: "están alquilando habitaciones a otras personas. También se utiliza como almacén para el material del top manta, porque está cerca del paseo. Hay mucho movimiento de entradas y salidas. Nosotros vivimos cerca y lo vemos cada día. Es muy frustrante ver cómo tu piso se convierte en un negocio para otros. Muchas veces, cuando entran en un piso, no son okupaciones improvisadas, sino que saben cuándo un piso está vacío, sobre todo cuando hay un cartel de que el piso está en venta. Y sobre todo en zonas de segundas residencias. Para tener las llaves de un piso ocupado pagan dinero y luego hay quien intenta negociar dinero para irse. Es un negocio".

    Su caso está puesto en manos de la justicia, pero los plazos y la protección del Gobierno hacen que el proceso sea lento: "Lo hemos denunciado, y es lento. Ha habido aplazamientos, juicios y aún pueden apelar. Mientras tanto, ellos siguen dentro. Es una sensación de impotencia muy grande. Santa Margarida es una zona con muchos pisos vacíos en invierno. Eso facilita las cosas. Hay edificios donde se pueden reventar puertas y no pasa nada durante días. Saben cómo funciona la ley. Es un sistema que, de alguna manera, les favorece".

    Las okupaciones y la inseguridad de la zona, así como el gran negocio del top manta, hace que los vecinos reclamen "más presencia policial, más control del empadronamiento y actuaciones contra el top manta. Y, sobre todo, que haya una clara voluntad política. Nos preocupa mucho la movilidad y la inseguridad en general que vivimos en Santa Margarida".

    Señores, un respeto, que estamos ante un emprendedor.