Hace unos días les contábamos que Abogados Cristianos había denunciado a los responsables del campamento de Bernedo por un delito de exhibicionismo. Con esa demanda, ya son 17 las denuncias registradas y ojo, porque algunas no son nuevas: la pasada semana se pudo saber que la Ertzaintza investigaba y tenía conocimiento de lo sucedido desde finales de 2024. Pese a ello, la organización continuó su actividad con normalidad.
El 30 de abril la Ertzaintza remitió al juzgado toda la información recabada. Sin embargo, el juzgado no respaldó la investigación ni abrió diligencias. Hasta que las familias recurrieron a la prensa, tras lo cual, y a los tres días comenzaron a mover el asunto.
La fiscal superior vasca, Carmen Adán, criticó que el atestado policial se hubiera "quedado en un limbo" y no hubiera llegado a la Fiscalía. El juzgado ordenó a la Ertzaintza que identificara a más menores afectados, además de informar a la Diputación de Guipúzcoa de sus derechos como persona perjudicada u ofendida. Y es que, dicha Diputación envió a menores tutelados al campamento en años anteriores.
Ahora la Ertzaintza responde. En un informe al que ha tenido acceso The Objective, la Diputación de Guipúzcoa, en manos del PNV, menospreció las advertencias sobre los presuntos abusos sexuales.
En su informe, la Ertzaintza asegura que "esta información ya se comunicó [por parte de un grupo de educadoras sociales] en reunión realizada con sus responsables y Diputación de Gipuzkoa presentes, minimizando estos la gravedad de las actuaciones realizadas por los monitores de los udalekus [campamentos]".
Como señala el medio, esto pone en evidencia a la Diputación y al PNV que, cuando se conoció el caso en prensa, afirmaron que habían "dado todos los pasos que tenías que dar" desde el primer momento.
En enero de este año fue una educadora social la que presentó la declaración escrita en la comisaría, lo que hizo que la policía empezara a investigar. La Diputación colaboró proporcionando la información de los menores que habían acudido al campamento: en abril decidió que no enviaría a más menores tutelados, pero no trasladó la alerta ni tomaron medidas. Por esto, la Ertzaintza recuerda que "todos los poderes públicos estamos obligados a garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia», y que parte de estos menores «se encuentran en una situación de desprotección causada por un pasado familiar duro y donde se agrava en un espacio (udalekus) aparentemente seguro, donde los monitores deberían de protegerles".
Ahora la Diputación ha decidido unirse a la "mesa de coordinación" impulsada por el Gobierno junto a las diputaciones de Álava y Vizcaya. Con estos encuentros buscan analizar "posibles errores del sistema" en la supervisión. Además, ha anunciado que se presentará como acusación.
El medio también destaca del informe cosas concretas a las que los niños se veían sometidos: "para conseguir la merienda deben succionar el dedo del pie de alguno de los monitores", y "en otras ocasiones debían enseñar las nalgas", o "dar un abrazo a una monitora en toples". Los monitores "bailaban sin ropa alrededor de la hoguera", y "metieron a uno de los menores a bailar, comenzando a llorar por no querer realizar dicha práctica". "Posteriormente una monitora le realizó el baile del perreo de su parte trasera con la parte íntima del menor".