El federalismo ha brillado con muchas luces y virtuosismo en Barcelona con la inauguración reciente de la Sagrada Familia por parte del Papa León XIV. Nos creímos que unos majestuosos eventos de Estado solo se pueden dar en Madrid. Por segunda vez, la ciudad condal ha demostrado (tras las Olimpiadas del 92 y ahora con la Sagrada Familia) que está a la altura de una capital de proyección global. Este último hecho es una ocasión pertinente para abrir el debate del “federalismo práctico”.
Existe un fuerte contraste entre el federalismo nominal de facto de nuestro sistema autonómico y el "centralismo real" que se replica tanto a nivel estatal como dentro de muchas Comunidades Autónomas. La tendencia a la concentración (radial, administrativa, política, presupuestaria, poblacional, cultural, habitacional y mediática entre otros) en los grandes nodos Madrid y Barcelona ha generado una España de dos velocidades, dejando a las capitales de provincia en un letargo competitivo y cada vez más despoblado, por evitar acoger masa crítica como sedes institucionales, de grandes corporaciones y centros de decisión hasta la elección de emplazamientos para mega eventos estatales como es propio en otros países federales.
Por mucho que Barcelona brilló al mundo con la Sagrada Familia, peca del mismo centralismo que acusa a Madrid (“España nos roba”) negando al resto de las provincias catalanas -Tarragona, Lérida y Gerona- luces propias e impidiendo acoger centros de competencias a todos los niveles que casi siempre van a parar la capital autonómica. La izquierda histórica y los partidos nacionalistas exigen más federalismo en España pero lo practican poco en sus territorios. Al contrario, traspasamos cada vez más competencias a las grandes capitales de siempre de la nación y hasta dotamos de un centralismo exacerbado a Bruselas en nombre de todos los países de la UE.
Existe un fuerte contraste entre el federalismo nominal de facto de nuestro sistema autonómico y el "centralismo real" que se replica tanto a nivel estatal como dentro de muchas Comunidades Autónomas
¿Cómo remediar esa situación en España? Hace falta sobre todo voluntad política y mucho debate público. La política debería de entrada dispersar organismos del Estado en capitales de provincia menos pobladas. Por ejemplo, mover la sede del Senado, Tribunal Constitucional, CNI o consejo de RTVE a otra provincia española que no sea siempre Madrid. Una agencia nacional de ciberseguridad podría establecerse perfectamente en León, o una oficina de propiedad intelectual en Huelva o Cuenca por mencionar una posibilidad. Esto generaría un federalismo más equilibrado que el sistema actual con un ecosistema de funcionarios, técnicos y servicios asociados dinamizarían tanto la economía local como autonómica de forma inmediata.
Otra idea pasa por implementar Zonas de Inversión Preferente (ZIP) en provincias con baja densidad de población. Esto no es solo una ayuda directa, sino podría contemplar también una rebaja real en el IRPF y/o el impuesto de sociedades para empresas que establezcan sus sedes corporativas o centros de datos neurálgicos (servidores, hubs de I+D) en dichas provincias.
El Estado debe dejar de invertir solo en unirlo todo con Madrid. Es fundamental priorizar los corredores ferroviarios y viales transversales (por ej: el Corredor Mediterráneo, pero también ejes interiores como el eje Cantábrico-Mediterráneo). Si una empresa en Lérida no puede conectar fácilmente con Zaragoza o Tarragona sin pasar por Barcelona, el centralismo se perpetúa por desdicha logística.
El Estado debe dejar de invertir solo en unirlo todo con Madrid
Los medios de comunicación públicos (estatales y autonómicos) aparte de obligarse a una desconexión programada, podrían forzar una mayor cobertura mediática del resto del territorio en todos los géneros tratados. Hay un exceso de centralismo informativo en detrimento del resto del territorio en provincias. En la era digital, los platós, la postproducción y la creatividad no pueden depender de un único centro situado en la capital. Es más, hay países federales vecinos que la capital mediática es distinta a la capital política y administrativa como así entienden el federalismo.
Empoderar a las Diputaciones Provinciales (a menudo vistas como entes burocráticos que duplican competencias autonómicas y/o comarcales) convirtiéndolas en agencias de desarrollo económico vinculadas directamente a fondos europeos. Que tengan capacidad real de negociar inversiones extranjeras para sus territorios, sin tener que pasar siempre por el filtro de la capital autonómica en contra del “principio de subsidiaridad comunitario”.
La clase política podría imponer que cada presupuesto nacional y autonómico incluya una especie de Índice de Equidad Territorial. Si un presupuesto invierte por ejemplo un 80% en las capitales y un 20% en el resto (a pesar de representar una población mayor), debe ser legalmente cuestionado por desequilibrio de inversión.
Hay un exceso de centralismo informativo en detrimento del resto del territorio en provincias. En la era digital, los platós, la postproducción y la creatividad no pueden depender de un único centro situado en la capital
Todo ello contribuiría a que otras “Sagradas Familias” a escala micro brillen con luz propia en las provincias, pero sin necesidad de una reforma constitucional de la financiación territorial, bastando por el contrario con una descentralización administrativa y empresarial más agresiva y directa.
El modelo de "Teruel Existe" demostró que cuando las provincias se unen por encima de ideologías (de izquierda/derecha), los partidos nacionales se ven obligados a negociar. Tampoco se trata de que ese tipo de partidos minoritarios en defensa del territorio local se multipliquen sin alcanzar la cuota del 5% de los votos que exige la normativa de la UE y que el Gobierno Sánchez se niega a implementar. Pero cuando el lobby bien entendido se organiza puede ser rentable para el territorio de la España vacía.
Más ambicioso pero no menos realista resulta plantearnos la descentralización de Madrid (Distrito Federal y capital del Reino de España). Qué nos impide que ciertos ministerios y/o direcciones generales se establezcan en otras provincias aprovechando la era ecodigital y garantizar un equilibrio económico territorial más sostenible. Es un contrasentido que casi el 80% del territorio nacional esté despoblado frente a los grandes polos urbanos. De la “Europa de las Regiones” que ya casi no nos acordamos es hora de pasar a la “Europa de las Provincias”. A lo mejor resolvemos así algún que otro problema crónico: despoblación, natalidad, viviendas, empleos, asistencia sanitaria, educación e infraestructuras.