Miles de españoles vivien pendientes de una sola decisión del Gobierno: si prorroga o no el Real Decreto 11/2020. En un arranque de derechos sociales el Gobierno social-podemita aprobó el Real Decreto 11/2020, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19".
Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional". Es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie. Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables. En diciembre vuelve a terminarse el plazo de este Decreto, pero el Gobierno podría volver a extenderlo como lleva haciendo desde 2020.
Gracias a esta norma, los okupas, y sobre todo, los inquiokupas, esos inquilinos que dejan de pagar el alquiler, viven a costa de los propietarios. Mientras, Sánchez dice que la okupación es un bulo, la ministra de Vivienda asegura que es más fácil que te roben el móvil que que te okupen la casa y el titular de Interior promete que no es que bajes a comprar el pan y te okupen la casa. En el entretanto, Juan Español se pregunta, ¿por qué esta defensa al okupa? ¿al que no cumple la ley? ¿al que atenta contra la propiedad privada?
Pues la cosa se entiende un poco mejor con una noticia que publica Okdiario: R. G. F., concejal del PSOE en Talavera de la Reina (Toledo), okupa una vivienda desde hace más de 7 años.
El medio es conocedor de esta situación por "la titularidad del inmueble, de testimonios de vecinos y de documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad".
El concejal, junto a su hermana y sus padres, hace uso de la vivienda, sin tener título alguno de propiedad desde noviembre de 2018, momento en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de esta vivienda a través de CaixaBank. Es más, esta sociedad se encargó en octubre del año pasado de vender el inmueble a unos particulares.
Según ha podido conocer el medio, en la escritura de compraventa, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta que "no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación".
Además, en el documento notarial se asegura que Coral Homes SLU "no dispone de las llaves que dan acceso a la finca, por lo que corresponderá a la parte compradora, con total indemnidad para la parte vendedora, obtener la posesión física de la finca".
Y ojo, no se crean, la vivienda tiene casi 500 metros cuadrados. La familia que ha adquirido la vivienda la quiere para vivir, por lo que ha enviado un burofax al concejal instándole a "proceder al desalojo inmediato y voluntario de la propiedad en un plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de este burofax". Esta notificiación fue enviada el 3 de octubre, pero mes y medio después nadie se ha marchado de la casa.
Ante el silencio, los compradores se vieron obligados a contratar a una empresa que les ayude con el desalojo, ante la que están resistiendose el socialista y su familia, es más, llama "acosadores" a los dueños. Y no nos extraña, los propietarios le han amenazado con "un procedimiento de desahucio por vía judicial, con los consiguientes costes y perjuicios", si no abandona la vivienda. ¡Cómo se atreven!