La noticia no alegrará a los medios progresistas. Y es que, el Presidente de Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Maria Zuppi, es una de esas figuras que suelen usar los medios progres para atacar a la Iglesia desde dentro. Como ya hacían con el papa Francisco, Zuppi es otra de esas voces dadas a la interpretación por su falta de claridad en muchas cuestiones. Malinterpretación o malintención aparte, esta vez el Presidente de los obispos italianos no ha dejado margen a que se cambien sus palabras.
El cardenal reafirmó la oposición de los obispos italianos a cualquier normativa que legitime el suicidio asistido o la eutanasia. “La respuesta al sufrimiento no es ofrecer la muerte, sino garantizar formas de apoyo social, de asistencia sanitaria y sociosanitaria domiciliaria continuada, para que el enfermo no se sienta solo y las familias puedan ser sostenidas y acompañadas”, afirmó el purpurado durante la sesión de apertura del Consejo Permanente de la CEI.
“La dignidad humana no se mide por su eficiencia ni por su utilidad”, sentenció el Cardenal. En su opinión, las leyes que legitiman el suicidio asistido o la eutanasia “corren el riesgo de debilitar el compromiso público con los más frágiles y vulnerables, que a menudo son invisibles”.
“Sentimos con fuerza el deber de recordar a todos que elegir una muerte anticipada, incluso porque se piensa que no hay alternativas, no es un acto individual, sino que incide profundamente en el tejido de relaciones que constituye la comunidad, minando la cohesión y la solidaridad sobre las que se funda la convivencia civil”.
Además, recordó la importancia de los cuidados paliativos: “Deben ser garantizados a todos, sin distinciones sociales ni geográficas, mientras que todavía no se aplican como está establecido”, afirmó, subrayando que estos cuidados “representan un verdadero antídoto frente a las lógicas que contemplan el suicidio asistido o la eutanasia como opciones practicables”.
Las palabras del Cardenal Zuppi llegan en un momento clave en plena “deriva eutanásica” en Italia. En la actualidad, la Ley italiana penaliza la eutanasia con penas de entre seis y 15 años de cárcel, según el artículo 579 del Código Penal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional matizó en parte la legislación y aprobó que no será castigado quien mate a “un paciente que se mantenga vivo gracias a tratamientos de soporte vital y sufra una patología irreversible”.
Tres años después, en 2022, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que regulaba la potestad de un paciente de pedir asistencia médica para morir con base en determinadas condiciones, como por ejemplo que sea mayor de edad o que sufra una patología irreversible. En estos tres años la propuesta sigue debatiéndose en el Senado.
Como decimos, la cultura de la muerte se expande por el continente a gran velocidad, aborto y eutanasia parecen el binomio perfecto del progresismo. Ahora es Italia la que da los pasos. A la Ley que se discute hay que sumar que Toscana y Cerdeña aprobaron leyes eutanásicas. La legalización a nivel estatal parece completamente parada gracias a Meloni y su Gobierno, que incluso impugnaron la leyes regionales de Toscana y Cerdeña, que buscaban poner fin al 'vacío legal', algo a lo que la primer ministro italiana se niega en rotundo.