El pasado 10 de octubre, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por medio de una moción de censura, debido a su "incapacidad moral permanente", para hacer frente a la crisis de violencia, criminalidad y extorsiones que afecta al país.
Boluarte fue nombrada presidenta en diciembre de 2022, cuando relevó al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) -quien intentó disolver el Congreso en un hecho calificado como inconstitucional o golpe de Estado-, de quien era su lugarteniente en el por el partido Perú Libre, de orientación marxista-leninista. Pero luego se alió con las fuerzas derechistas del Parlamento para gobernar.
Le sustituyó José Jerí Oré -del partido centroderecha Somos Perú-, hasta ahora presidente del Congreso, quien asumió el cargo con la promesa de “declararle la guerra al crimen”, hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.
Y así ha sido: Jerí ha decretado esta semana el estado de emergencia en la capital Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao, durante 30 días, para combatir la violencia ejecutada por bandas de delincuentes: «La delincuencia ha crecido de manera desmesurada». «Hoy empezamos a cambiar la historia» para «recuperar la paz y la tranquilidad». «Las guerras se ganan con acciones y no con palabras».
En virtud del estado de emergencia quedan en suspenso la inviolabilidad del domicilio o la libertad de reunión. Además, el Ejército ayudará a la Policía Nacional a luchar contra la delincuencia organizada.