En esta crónica semanal sobre Hispanoamérica, recogemos noticias destacadas ocurridas en la región compuesta por países hermanados en la Hispanidad (que tienen en común su fe cristiana, su cultura y su lengua y cuya patrona es la Virgen del Pilar) y tratando de defender los principios no negociables -vida, familia, libertad de enseñanza, bien común y libertad religiosa- establecidos por el Papa Benedicto XVI para una acción política basada en el humanismo cristiano.
Esta semana empezamos en EEUU, cuyo ejército, el pasado 3 de enero, capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas, es decir, en la capital venezolana, fuera de las fronteras estadounidenses.
Precisamente por haber ejecutado esa acción en otro país, se ha producido una controversia sobre si Washington ha actuado conforme al derecho internacional o si, por el contrario deben primar otro tipo de consideraciones, como las propias leyes norteamericanas o incluso la ley natural (obligación de defender al débil frente al fuerte).
Pues bien: en esa polémica ha terciado el ex fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, para quien la acción militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro es “legítima según la ley estadounidense”, según recoge Aciprensa.
“En mi opinión, no hay duda de que Estados Unidos, bajo nuestra Constitución, tenía derecho a enfrentar la amenaza que representaban el tráfico de cocaína, las actividades de drogas y la conducta amenazante del régimen de Maduro con Cuba, China y Rusia”, afirmó Barr.
“Creo que la historia es muy clara: este tipo de acción, acción dirigida a enfrentar una amenaza específica, está dentro de la discreción del presidente”, respondió Barr. “Sí, el Congreso puede declarar la guerra, pero responder a amenazas concretas usando la fuerza es algo que prácticamente todos los presidentes han hecho históricamente”.
“Una guerra justa se libra por motivos defensivos, para proteger los intereses y el bienestar de tus ciudadanos. Aquí estamos tratando con un régimen que ha atacado a Estados Unidos. Lo acusamos porque, y habrá pruebas, él deliberadamente intenta debilitar y dañar a Estados Unidos”, añadió el ex fiscal general.
“Es responsable de decenas de miles, probablemente cientos de miles después de todo este tiempo, de muertes de estadounidenses”, agregó. “Nuestros intereses vitales estaban en juego. Proporcionaba bases a Hezbollah, estaba involucrado en la fabricación de armas para que Irán las usara contra nuestros aliados y proporcionó una base para Rusia y China en su país”, concluyó Barr.
Nos vamos a Nicaragua, donde sigue vigente otro régimen amigo y cómplice del cubano y del venezolano, el del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien, tras la captura de Maduro por EEUU, habría liberado a “decenas” de presos, por aquello de "cuando las barbas de tu vecino veas pelar...".
Sin embargo, Ortega sigue persiguiendo a la Iglesia católica desde que se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato presidencial entre 1985 y 1990).
El sandinista ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de 2018. Y una de las instituciones que persigue con más saña es la Iglesia católica, pues ésta fue una de las que más alzó voz contra esa represión y Ortega sabe perfectamente que predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él.
Por eso, en EEUU, Martha Patricia Molina —abogada e investigadora católica nicaragüense y autora del estudio ‘Nicaragua: Una Iglesia perseguida’— instó a la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) a ocuparse de su país, recoge Aciprensa.
Molina propuso tomar “medidas más agresivas. Sancionar al ejército. Imponer sanciones económicas directas. Llevar al [presidente] Daniel Ortega y a [su esposa, la vicepresidenta] Rosario Murillo y a sus colaboradores ante la justicia internacional y procesarlos por crímenes de lesa humanidad. Este año ha demostrado que es posible”.
“En Nicaragua, los monaguillos… son hostigados y vigilados por la Policía Nacional de Nicaragua y obligados a firmar documentos cuyo contenido no entienden. Sus padres son hostigados y amenazados con prisión si hablan con los medios”, afirmó.
La dictadura nicaragüense “prohíbe el ingreso de Biblias a Nicaragua y también controla los talleres donde se elaboran las imágenes que los católicos usan para la veneración”. "La falta de libertad religiosa ha limitado profundamente el trabajo pastoral de los sacerdotes”. “Literalmente se ven obligados a tener cuidado con cómo proceder cuando predican por miedo a estar en prisión o al exilio”, añadió.
Ortega y Murillo han “cerrado arbitrariamente 13 universidades e institutos”, apuntó. “Con odio, han cerrado centros para jóvenes que estaban estudiando para convertirse en sacerdotes, y 304 sacerdotes y religiosas han sido exiliados de Nicaragua. Están siendo expulsados o se les impide entrar al país”.