En Puerto Rico -Estado Libre Asociado a Estados Unidos-, el pasado jueves 12 de febrero la gobernadora Jenniffer González Colón firmó una ley por la que se reconoce como "ser humano" al "concebido en cualquier etapa de la gestación dentro del útero materno". 

Esta nueva ley modifica el artículo 92 del Código Penal -que hasta ahora establecía que «asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente»- y lo complementa por este texto: «Para propósito de este capítulo ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno».

Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre, la misma gobernadora firmó otra ley -que modificaba el Código Civil- que reconoce que el concebido, “en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”, es “persona natural”. 

El comunicado de prensa del Gobierno puertorriqueño aclara que "la legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, reconociendo al concebido no nacido como ser humano". 

Y poco antes, el 20 de diciembre, González había rubricado otra ley que establece como “asesinato en primer grado, aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. Y cuando muera el concebido a causa “del uso de fuerza o violencia contra la mujer embarazada”.

El pasado 1 de enero, en declaraciones a Aciprensa, la senadora Joanne Rodríguez Veve subrayó que “el mensaje es contundente: en el vientre de una mujer embarazada no existe un objeto indescifrable sin dignidad, sino un sujeto, un ser humano en desarrollo, que tiene dignidad y cuyo valor es intrínseco a su naturaleza humana”.

“Múltiples esfuerzos legislativos fueron derrotados por más de cuatro décadas, hasta el año 2025, en el que se lograron avances sin precedentes. En tan sólo el primer año del nuevo gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó tres proyectos que circunvalan el tema del aborto”, añadió.

Pero es que, además de toda esta legislación provida, otra ley aprobada en 2025 en Puerto Rico, la 63-2025, prohíbe “intervenciones quirúrgicas o tratamientos con medicamentos que alteren la biología del sexo de un menor de edad bajo el pretexto de una transición de género o como parte de un tratamiento de disforia de género”.

“Esta ley representa un freno absoluto a la utilización de menores para impulsar ideas anticientíficas y contra natura que les causan daños físicos irreversibles”, destacó Rodríguez Veve. “Con la firma de esta ley, ningún menor de 21 años en Puerto Rico puede ser sometido a tratamientos de mutilación química o quirúrgica como parte de una moda progresista que, desde la desnaturalización del ser humano, se sirve de los más vulnerables para adelantar sus agendas”, subrayó.