Ignacio Aguirre contaba hace unas semanas el nuevo frente abierto para la defensa de la libertad religiosa en Estados Unidos. El Estado de Washington, situado en la costa oeste y uno de los principales feudos del Partido Demócrata, ha promulgado una ley que obliga a los sacerdotes católicos a vulnerar el secreto de confesión, por cuanto se exige que denuncien los casos de abuso infantil que conozcan por razón del sacramento de penitencia.
El Catecismo de la Iglesia Católica establece que los sacerdotes tienen prohibido divulgar lo que los penitentes les revelan durante la confesión. En su escrito de solicitud de la medida cautelar, la Iglesia ha recordado las graves consecuencias para un sacerdote si se le obliga a vulnerar el secreto de confesión: "Un sacerdote que viola directamente el sello sacramental incurre en una excomunión latae sententiae, es decir, excomunión automática, arriesgándose así a la condenación eterna. En consecuencia, el registro histórico está repleto de ejemplos de sacerdotes católicos que eligen la muerte como mártires en lugar de sucumbir a las exigencias del gobierno de que violen el sello sacramental”.
Ahora el Presidente Donald Trump se ha posicionado del lado de la libertad religiosa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra el estado de Washington.
En un comunicado, el DOJ sostuvo que la ley de Washington “viola el libre ejercicio de la religión de todos los católicos”. “El sigilo de confidencialidad es... el alma misma de la confesión. Sin él, el libre ejercicio de la religión católica, es decir, las funciones apostólicas que realiza el sacerdote en beneficio de los fieles, no puede llevarse a cabo”.
“Las leyes que atacan explícitamente prácticas religiosas como el Sacramento de la Confesión en la Iglesia Católica no tienen cabida en nuestra sociedad”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
"El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados cuando los estados ataquen el libre ejercicio de la religión”.
A esta demanda se suma la presentada por las principales iglesias ortodoxas en Estados Unidos. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Washington por la Iglesia Ortodoxa en América, la Archidiócesis Cristiana Antioquena, la Metrópolis Ortodoxa Rumana, la Diócesis Ortodoxa Rusa del Oeste (ROCOR) y un sacerdote ortodoxo. Los acusados incluyen al gobernador demócrata Bob Ferguson, al fiscal general del estado Nicholas Brown y a varios fiscales de condado.