En esta crónica semanal sobre Hispanoamérica, recogemos noticias destacadas ocurridas en la región compuesta por países hermanados en la Hispanidad (que tienen en común su fe cristiana, su cultura y su lengua y cuya patrona es la Virgen del Pilar) y tratando de defender los principios no negociables -vida, familia, libertad de enseñanza, bien común y libertad religiosa- establecidos por el Papa Benedicto XVI para una acción política basada en el humanismo cristiano.
Hispanidad ha venido informando de que en Colombia, bajo la presidencia del ultraizquierdista Gustavo Petro, se ha llevado a cabo un impulso de la agenda pro-ideología de género, esa corriente que difunde que cada persona puede elegir su género con independencia de su biología y atendiendo únicamente al deseo de la voluntad, lo cual, atenta contra la ley natural, porque todo el mundo sabe con la sola razón que se nace hombre o mujer y nadie nos pidió permiso para ello, como tampoco para nacer.
Cabe recordar que en, noviembre de 2025, la Corte Constitucional, en la sentencia T-218 de 2022, instaba a la Superintendencia Nacional de Salud -entidad adscrita al Ministerio de Salud- a emitir una circular que “que promueve cambios de sexo en menores” de edad.
Esa sentencia instaba al Ministerio de Salud a publicar una “guía de práctica clínica, con sus respectivos protocolos, para la atención integral en salud de las personas transgénero y, particularmente, para el suministro de los procedimientos médicos de afirmación de género”. Y la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular 2024150000000011-5 con ese fin, que también contempla “instrucciones para la atención médica de personas trans”.
Ya entonces, la Bancada Provida del Congreso presentó ante el Consejo de Estado una demanda para que se anulase la citada circular, denunciando que “pretende imponer la ideología de género dentro del sistema de salud, incluso habilitando tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de edad”.
En ese contexto, el senador Mauricio Giraldo (del Partido Conservador) volvió a pedir al Consejo de Estado que anule la citada circular, recoge Aciprensa.
En un vídeo publicado en sus redes sociales, el senador aludió a la reciente declaración de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS por sus siglas en inglés) que instó a los cirujanos a retrasar este tipo de cirugías hasta al menos los 19 años de edad.
La ASPS argumentó que “no hay suficiente evidencia que demuestre una relación riesgo-beneficio favorable para las intervenciones endocrinas y quirúrgicas relacionadas con el género en niños y adolescentes”.
El senador Giraldo indicó: “Yo quiero decirles que esto es gravísimo por dos causas fundamentales. Lo dice la Sociedad Médica, primero, porque no tiene evidencia científica y, segundo, porque los daños son irreversibles”. “No solo demandamos la circular, también citamos a debate de control político al Superintendente de Salud en su momento, porque con los niños no se juega, con la vida y la salud y el bien de los niños no se metan”.
En ese contexto, cuarenta políticos colombianos suscribieron el Compromiso por la Vida y la Familia, de cara a las próximas elecciones del 8 de marzo. Según 'Unidos por la Vida', este documento consiste en comprometerse a a trabajar por “la dignidad humana y el derecho a la vida humana como un derecho humano fundamental, el primero de todos, ya que sin la vida los demás derechos no existirían”. A promover leyes para prevenir “el suicidio, el aborto inducido, la eutanasia y las adicciones” y la “objeción de conciencia de los docentes, profesionales de la salud y las instituciones, para actuar acorde a sus principios y valores”, recoge Aciprensa.
Nos vamos a Nicaragua, donde los nicaragüenses vienen padeciendo la dictadura izquierdista de Daniel Ortega desde que este se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato presidencial entre 1985 y 1990).
Según el último informe sobre libertad religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), en Nicaragua, “durante el período estudiado en este informe, se intensificó la hostilidad del Gobierno hacia las Iglesias, violando gravemente el derecho fundamental a la libertad religiosa. La persecución se manifestó en detenciones arbitrarias, exilios, destierros, expulsiones, privación de la nacionalidad, profanación de ritos y símbolos religiosos, prohibición de celebraciones religiosas públicas y cientos de casos de revocación del estatus jurídico. Además, la reforma constitucional y la nueva legislación han dotado al régimen de los medios para ejercer un control total sobre las entidades religiosas. Las organizaciones internacionales consideran que Nicaragua es uno de los países con los niveles más altos de persecución religiosa. Las perspectivas para el futuro de este derecho fundamental siguen siendo profundamente preocupantes”.
En este contexto, esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaba la “persistente represión, caracterizada por la continuación de detenciones arbitrarias y la privación de la libertad por motivos políticos contra cualquier postura percibida como oposición al régimen”.
Es más, este organismo apuntaba que la situación de derechos humanos en Nicaragua constituye “uno de los casos más graves observados en la región. Como ha sido documentado por la CIDH, se ha consolidado un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión en contra de cualquier persona percibida como opositora, incluso vinculadas al propio régimen, y que va más allá de las fronteras del país”.
En este contexto —prosigue la CIDH— organizaciones de la sociedad civil han informado que al menos 62 personas continúan privadas de la libertad por motivos políticos, de las cuáles algunas se encontrarían en condición de desaparición forzada. Y que, además, su situación seguiría agravándose como consecuencia de las deplorables condiciones de detención, falta de atención médica, así como denuncias de malos tratos y de tortura.
La CIDH exhortaba al Estado de Nicaragua a “cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos y a liberar sin demora a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad por razones políticas. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional a exigir el fin de la represión y a adoptar medidas concretas orientadas al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”.