El expresidente boliviano Evo Morales (entre 2006-2019) tenía que comparecer ante la justicia de su país ayer lunes 11 de mayo por un presunto delito de "trata agravada de personas", recogió Hispanidad. 

La justicia boliviana le investiga por una presunta relación con una adolescente de 15 años (menor de edad) con la que habría tenido una hija, siendo todavía presidente del país. 

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de Tarija (sur del país) le citó el pasado 11 de mayo para iniciar juicio oral. Sin embargo, Morales no se presentó ante la justicia boliviana, por lo que el fiscal del caso, Luis Gutiérrez, decretó: "El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)".

Es decir, que la justicia boliviana le ha declarado en rebeldía y ha emitido una orden de búsqueda y captura contra él. 

En ese contexto, fuerzas izquierdistas afines a Evo Morales se han encaminado hacia la capital, La Paz, para exigir la dimisión del presidente derechista Rodrigo Paz.

Paz llegó al poder tras ganar las elecciones del 19 de octubre de 2025, con estas palabras: “Dios, la familia y la patria son la base de nuestro compromiso”. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”. 

Palabras que no han sido perdonadas por el izquierdismo boliviano, que se ha movilizado con la excusa de protestar contra las medidas económicas de Paz. Pero, en realidad, para forzar su dimisión. Tanto es así que el Gobierno ha denunciado la presencia en las protestas de grupos armados. 

Y mientras, la Administración Trump le ha mostrado su apoyo a Rodrigo Paz para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”. Y ha condenado las “acciones destinadas a desestabilizar” al Gobierno boliviano.