El Tribunal Supremo emitió este jueves un informe en el que se muestra contrario al indulto a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado por el mismo tribunal por revelación de secretos. El informe no es vinculante, por lo que no sería extraño que el Gobierno Sánchez, al final, le indultara.
De hecho, ya le ha indultado de alguna manera. Recuerden cómo su sucesora, Teresa Peramato, firmó un decreto que libró a García Ortiz de la expulsión como fiscal a pesar de su condena penal. Así, García Ortiz se reincorporó y actualmente ejerce como fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, una plaza que él mismo eligió.
Volviendo a lo de hoy, el Supremo ha dejado claro que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que el Gobierno le indulte. “Los hechos fueron graves”, asegura el TS, y “han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público”, señala.
Todo esto es muy grave, no ya porque el fiscal general haya cometido este delito -revelar datos privados de un ciudadano- sino también por la impunidad que promueve, tanto la actual fiscal general, Peramato, como el propio Gobierno, que están diciendo: obedécenos aunque suponga delinquir porque porque nosotros te salvaremos.