Con la reciente crisis de Ceuta -provocada por la inundación e invasión de hasta casi 100.000 marroquíes con el consentimiento del Gobierno Sánchez-, hay quien teme que Moncloa sin mostrar músculo ante Rabat termine algún día cediendo las dos provincias autónomas al Marruecos de Mohamed VI con tal de mantenerse en el poder. 

No sería la primera que vez que un gobierno del PSOE  muestra no pocas traiciones territoriales a lo largo de los últimos 140 años de historia socialista, aunque dudemos que la aplicación de la Ley Memoria Histórica sea tan explícita en presentar los fríos hechos sin omisiones o tergiversaciones.  

Ciertos informes del Foreing Office en Londres dan cuentan que durante la II República, los embajadores y agregados militares británicos en Madrid, Valencia, Barcelona y Burgos recogieron numerosas notas de inteligencia sobre los temores, ofertas y maniobras territoriales de los distintos gobiernos socialistas de la época (especialmente bajo Largo Caballero y Juan Negrín) para buscar una salida negociada y la retirada de tropas extranjeras.

En 1937 el gobierno de Largo Caballero (más conocido como el “Lenin español”) intentó lograr la neutralidad de Hitler y Mussolini, a cambio de compartir la soberanía de Baleares con Italia y la de Canarias con Alemania, así como del “ Marruecos español”, que formaron parte de las discusiones diplomáticas y de espionaje para lograr la retirada de ayuda al bando nacional, según sale a relucir en distintos documentos históricos.

Otro socialista como Indalecio Prieto (ministro de defensa en la II República) intentó ceder (vender) a los aliados y, en particular a Inglaterra, enclaves como Vigo, Cartagena y Mahón a cambio de apoyo militar, armamento, financiación e intervención contra el bando franquista en la Guerra Civil.

El gobierno de Largo Caballero (más conocido como el “Lenin español”) intentó lograr la neutralidad de Hitler y Mussolini, a cambio de compartir la soberanía de Baleares con Italia y la de Canarias con Alemania, así como del “ Marruecos español”

Precisamente para sufragar la contienda, el bando franquista se apoyó de las potencias del eje Alemania e Italia, mientras que el bando republicano lo hizo fundamentalmente de Rusia, a quien encomendó entre otras tareas la custodia del denominado “oro de Moscú” para financiar la guerra civil contra Franco, sin que a día de hoy hayamos recuperado un solo gramo de vuelta a casa con la llegada de la democracia.

Con la crisis del euro en Europa (2008) al mando del entonces gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, existió la amenaza de que el reino de España fuera intervenida por la troika comunitaria y cayera en Default. En Alemania aparecieron entonces especulaciones que España podría obtener suficiente liquidez vendiendo la isla de Mallorca a Berlín. De hecho, varios diarios sensacionalistas alemanes de la época flirtearon durante tiempo con la idea de convertir la isla mallorquina ya tomada desde entonces por los turistas alemanes, en su 17º estado federal (Bundesland).

Fue también el Gobierno de ZP, a través del Banco de España y bajo la gestión del ministro socialista de Economía Pedro Solbes, quien vendió otra parte del patrimonio nacional: casi la mitad de las reservas nacionales de oro entre los años 2004 y 2007, es decir, unos 7,7 millones de onzas (aproximadamente 240 toneladas y cerca del 32% del total de las reservas). El entonces Ejecutivo socialista justificó esta decisión argumentando que el oro ya no era un activo rentable y que los fondos obtenidos se destinarían a inversiones de renta fija más productivas. Una apreciación que el tiempo ha demostrado ser un error garrafal.

Más recientemente, el espíritu socialista de Pedro Sánchez aparte de “vender” el Sáhara Occidental a Marruecos saltándose la resolución de ONU de convocar un referéndum de autodeterminación -a cambio de acoger a miles de Menas marroquíes en suelo español- titubea con la cesión de las dos provincias autónomas en el norte de África (Ceuta y Melilla) junto con Canarias, sin importarle la legalidad e integridad territorial española tolerando la invasión masiva repetida de marroquíes sin apenas resistencia. 

Pedro Sánchez aparte de “vender” el Sáhara Occidental a Marruecos saltándose la resolución de ONU de convocar un referéndum de autodeterminación, titubea con la cesión de las dos provincias autónomas en el norte de África (Ceuta y Melilla) junto con Canarias

La historia de las traiciones y cesiones territoriales en España no es nada nueva. Una de las que más cola trae hasta nuestros días se refiere a la firma del Tratado de Utrech en 1713: tras la Guerra de Sucesión española, la dinastía borbónica de Felipe V firmó los acuerdos de paz que comportaron la pérdida de importantes enclaves como Gibraltar y Menorca, cediéndolas a la corona británica. Aunque Menorca fue recuperada posteriormente de forma definitiva tras el Tratado de Versalles (1783), Gibraltar quedó bajo soberanía británica desde entonces hasta la actualidad. Muy recientemente, en julio del 2026, Sánchez ha cedido un grado más la soberanía española de Gibraltar al firmar con Londres desmantelar la Verja que separaba el Peñón de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Tanto el PP como Vox han tildado ese acuerdo de Gibraltar como lesivos para los intereses nacionales y económicos de la comarca.

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Tras el “desastre de 1898” y la pérdidas de las últimas colonias en ultramar, España firmó en tiempos de Francisco Silvela (del partido liberal-conservador) y el reinado de Alfonso XIII un tratado en 1899 por el cual vendió los archipiélagos de las Carolinas, Palaos y las Marianas (a excepción de Guam) en la Micronesia al Imperio alemán a cambio de 25 millones de pesetas.

En 1900 España renunció a gran parte de sus aspiraciones hacia el interior del continente en África para consolidar sus derechos sobre el enclave costero. Esa vasta zona del interior llamada Muni-Koko que España reclamó y finalmente dejó de controlar y acabó integrándose en el territorio que hoy ocupa principalmente Gabón (limítrofe con Guinea Ecuatorial), país que por entonces estaba bajo administración colonial francesa.

En  1925  dentro del contexto del Protectorado español de Marruecos, la ciudad de Tánger quedó excluida de la zona de control exclusivo español debido a la presión de Francia y Reino Unido. España aceptó un régimen internacional que limitaba fuertemente sus intereses estratégicos y militares en una plaza clave del Estrecho.

En 1975, la Marcha Verde organizada por Marruecos propició la firma de los Acuerdos de Madrid, mediante los cuales España puso fin a su papel como potencia administradora del Sáhara Occidental. Años más tarde, en marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un giro en la política exterior española al remitir una carta al rey Mohamed VI en la que calificaba la propuesta de autonomía marroquí para el territorio del Sáhara “como la base más seria, realista y creíble”. Esta decisión, adoptada de forma unilateral y sin debate previo en el Parlamento, apartó a España de su postura histórica de neutralidad y rompió el consenso de la clase política, sorprendiendo a la opinión pública tanto nacional como internacional. Una cesión socialista más que alimenta el expansionismo del “Gran Marruecos” del rey alauita en Rabat y pone en serio riesgo de nuevo la integridad territorial de España.

En 1975, la Marcha Verde organizada por Marruecos propició la firma de los Acuerdos de Madrid, mediante los cuales España puso fin a su papel como potencia administradora del Sáhara Occidental. Años más tarde, en marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un giro en la política exterior española

A esta cronología histórica, habría que añadir todas esas desinversiones patrimoniales de empresas españolas durante la Democracia para aliviar el fuerte endeudamiento del entonces holding público INI (Instituto Nacional de Industria), de las que algunas cayeron en manos extranjeras: SEAT, Telefónica, Repsol, Endesa, Caja Postal y Banco Exterior de España en tiempos de Felipe Gonzalez (PSOE); o Iberia, Tabacalera, Argentaria y Gas Natural, entre otras, en tiempos del presidente José María  Aznar (PP). 

No pocos historiadores económicos han señalado estas operaciones como una despatrimonialización del Estado y la pérdida de soberanía sobre palancas económicas fundamentales. Algunas de esas perlas empresariales son las que algunos socios actuales del Gobierno socio-comunista de Pedro Sánchez anhelan ahora su nacionalización para supuestamente garantizar un servicio público con tarifas intervenidas.

Para complicar aún más  la geopolítica española con ciertos territorios, se rumorea que las estrechas relaciones del inquilino de la  Moncloa con China, podrían haber animado a Sánchez a garantizar a Pekín sus pretensiones de soberanía sobre Taiwán, muy a pesar del disgusto de Washington y el resto de los socios de la OTAN/UE abriendo así otro frente diplomático más con nuestros aliados. O de haber tolerado que algunas de las muchas inversiones chinas en España como las últimas en el Ferrol comporten un  riesgo de espionaje por esta cercanía también al astillero de Navantia, que emplea sistemas militares de EEUU.

Parece mentira que algunos gobernantes de determinado signo político en España a lo largo de la historia se empeñe en despatrimonizar parte de su integridad territorial, ponerse en el lado dudoso de la historia con otros territorios y sin embargo haga escaso  caso de recuperar amistosamente otras antiguas plazas  como por ejemplo Puerto Rico, con una sonora voz en alza para volver  bajo la corona española como una comunidad autónoma nueva y acabar con su estatus actual de Estado Libre Asociado de EEUU. 

Más sospechoso resulta que el principal partido de la oposición PP no presente cara con más firmeza ante todos esos retos territoriales si aspira a volver a gobernar el país. Otra contrariedad histórica parece ser que España sea el único país occidental cuyo jefe de Estado no pueda visitar una parte del territorio nacional porque el gobierno de turno (tanto de Rajoy en su momento como de Sánchez en la actualidad) se lo prohíben para no enfadar a Rabat. El destino de España no parece estar en manos de quienes nos merecemos.