El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -compuesto por 15 jueces- ha iniciado hoy las vistas para saber si la ley de Amnistía a los delincuentes del 'procés' separatista catalán vulnera el derecho de la Unión Europea.

Como se recordará, la amnistía fue ejecutada por Pedro Sánchez a cambio de los votos de los 'indepes' de Junts -liderados por Carlos Puigdemont- para poder ser investido presidente. Y lo hizo tras haber asegurado, justo antes de las elecciones de julio de 2023, que la amnistía era claramente inconstitucional. Pero como tras los resultados de los comicios necesitaba los votos de los de Carles Puigdemont, de repente Sánchez "cambió de opinión", como puede verse aquí:  

El escándalo en España fue mayúsculo. Y tan controvertida fue esta ley de Amnistía, también desde el punto de vista jurídico, que nada menos que cuatro tribunales españoles plantearon ante el TJUE cuestiones prejudiciales: el Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, TSJ de Cataluña y un juzgado de Barcelona.

En concreto, el Tribunal de Cuentas planteó dudas sobre malversación al entender que el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre afectó a los intereses financieros de la UE. También planteó dudas sobre malversación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (respecto al exsecretario de vicepresidencia de la Generalitat, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó). 

Mientras que la Audiencia Nacional preguntó sobre si la amnistía en el caso de terrorismo de varios individuos de los Comités de Defensa de la República (CDR) atenta contra el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos. 

Por su parte, un magistrado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) preguntó si una amnistía pactada entre partidos políticos cuyos miembros se beneficiarían de ella es compatible con los principios de igualdad y no discriminación del ordenamiento comunitario. 

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Pues bien: de la primera sesión de hoy martes 15 de julio ha trascendido la posición de Bruselas, que también ha sido escuchada por el TJUE, y que argumenta que no parece que la ley de amnistía "responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". 

El Ejecutivo comunitario añade, además, que "existen dudas" de que las disposiciones de esta norma sean "claras y precisas", lo que pone en riesgo el principio de seguridad jurídica. También critica el artículo que obliga a los jueces a aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses, lo que no les dejó tiempo para investigar a fondo la presunta malversación. Y recuerda que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación".

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Tras las vistas de esta semana, en las que el TJUE escuchará a todas las partes, está previsto que la sentencia se retrase todavía unos meses, posiblemente a finales de este año. Pero si la justicia europea anula la Amnistía, el varapalo para Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Carles Puigdemont y Cándido Conde-Pumpido será de los de pasar a los libros de historia…