En Hispanidad hemos recogido numerosos casos de violencia en la que se ven envueltos inmigrantes, aunque el Gobierno, con Fernando Grande-Marlaska al frente se empeñe en asegurar que nada tiene que ver inseguridad con migración, la relación es más que habitual.
Este problema de seguridad no sólo lo tiene España, sino toda Europa, que ha dejado las puertas abiertas a todo aquel que quiera sin exigir ni integración ni respeto por los valores europeos.
Portugal es otro ejemplo, han tomado cartas en el asunto y desde hoy estrena la Policía para Extranjeros con poderes para detener y deportar inmigrantes sin papeles. 1.200 agentes, que aumentarán a 2.000, un cuerpo policial creado con la misión específica de fiscalizar la situación de los inmigrantes en el país.
La unidad estará integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), tendrá potestad para identificar a personas en la calle, exigir documentación y, si se confirma que no disponen de permiso de residencia, ordenar su expulsión en un plazo máximo de veinte días. Pero la pregunta es la de siempre, ¿cómo lo harán?
El procedimiento en caso de irregularidad está definido: la persona recibe una notificación de salida voluntaria, que puede entregarse en la propia calle o en comisaría. Si no se cumple la orden, la expulsión pasa a ser forzosa y el afectado puede ser acusado de desobediencia cualificada. En esos casos, el inmigrante se traslada a un centro de permanencia temporal hasta que un juez determine la deportación definitiva.
Pero la dificultad vuelve a ser la misma, lo deportas, ¿a dónde? Cualquier Gobierno extranjero va a negar que es un ciudadano de su país, a menos que se le ofrezca recompensa, y el inmigrante en cuestión tampoco colaborará por decir su país de nacimiento.
Europa tiene un problema, parece que despierta y copia modelos como el de Meloni, pero la solución es complicada y el problema está lejos de desaparecer.