Seis años con un decreto que les impide echar a sus okupas, pagando gastos, luz, agua, impuestos, comunidad, basuras, enfrentándose a procesos legales largos y costosos, todo ello bajo amenazas físicas, económicas y judiciales... Así viven los propietarios españoles con un Gobierno que se puso hace ya muchos años del lado de los okupas, esos amables vulnerables que se han convertido en protegidos por ley.
Para más pitorreo y vergüenza, llega Marisu Montero y antes de marcharse a Andalucía deja un 'regalito' más: los propietarios de viviendas okupadas deben declarar los alquileres no cobrados. Eso es llevar tu profesión como recaudadora mayor del reino al máximo nivel.
Todo salta con la llegada de la campaña de la Renta: según el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central, los dueños de viviendas están "obligados a declarar los rendimientos del alquiler en el momento en que son exigibles, independientemente de si el inquilino ha pagado la mensualidad o no".
Incluso cuando se inicia una demanda de desahucio, la obligación fiscal se mantiene, por lo que al Gobierno en pleno le da exactamente igual si cobras o no el alquiler, para eso los propietarios son pérfidos rentistas.