Como se recordará, en febrero de 2024, dos guardias civiles -Miguel Ángel González y David Pérez- murieron tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

Tras los dos asesinatos, unos ciudadanos pidieron a Bruselas que evaluasen las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad en esa zona de España.

En la semana del 26 de mayo de este año, una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), encabezada por su presidente Bogdan Rzonca, visitó Barbate y también la localidad gaditana de Algeciras y Sevilla, para conocer el trabajo policial y los medios con los que cuentan en su lucha contra el narco. También se reunieron con familiares de los dos guardias civiles asesinados. 

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Tras la visita de los eurodiputados, ayer lunes 10 de noviembre,  la comisión de Peticiones del Parlamento europeo emitió un informe muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez en el que le exige volver a poner en marcha la unidad policial antidroga OCON-Sur, que fue eliminada de manera sorpresiva por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

La citada unidad había sido creada en 2018 y en su corta vida logró una gran eficacia, con cientos de detenciones y grandes incautaciones de alijos de droga. Pero septiembre de 2022 fue desmantelada por orden de Marlaska, y encima en contra de la opinión de la Fiscalía, que lo vio como un retroceso en la lucha contra el narco. 

En su informe, el Parlamento europeo también insta al Gobierno a reconocer el trabajo de Policía y Guardia Civil como de "alto riesgo", un calificativo que también quiere extender a militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas en el conjunto de la UE. Asimismo, propone que los ataques contra las fuerzas del orden sean consideradas como "eurodelitos", por lo que deberían ser penados con mayor dureza. 

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Este informe del Parlamento europeo llega en un momento sensible, porque la semana pasada, en Andalucía, en una operación antidroga de agentes de la Policía Nacional, los narcotraficantes les dispararon con armamento de guerra, concretamente con un fusil Kalashnikov (AK-47). Uno de los policías nacionales resultó herido de gravedad.  

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la indefensión con la que se enfrentan a los narcotraficantes, pues estos tienen más y mejores medios y armas. El secretario federal de la SUP en Andalucía, Ángel Becerra, ha denunciado que «están mandando a nuestros compañeros a la guerra sin los recursos mínimos para proteger sus vidas. Lo ocurrido en Isla Mayor no ha sido una tragedia mayor gracias a Dios, pero no podemos seguir dependiendo de la suerte».

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