Reanudamos el curso político con una nueva entrega de: 'No es magia, son tus impuestos'. Y decimos entrega porque día tras día vemos noticias con las que se demuestra que nuestras cargas fiscales van para sanidad y educación, mismamente. 

Relacionado

El despilfarro de hoy no es de Moni, sino de Ana, la titular de Igualdad. En concreto hablamos, según el Portal de Transparencia, de 1.641.636,22 millones de euros gastados en la campaña "Por huevos".

El actor Paco León como protagonista, consignas feministas y mucho dinero para apostar por una masculinidad más "feminista, libre o diversa". En el anuncio se contaban diversas demandas reproducidas en las manifestaciones del 8-M como que "tener huevos es vestirse como te apetezca o que gritar no hace que tengas más", todo ello para acabar con el prototipo de hombre tradicional en España. 

La propia Redondo aseguró que el objetivo era "terminar con los roles tradicionales" de los géneros biológicos y cambiar las concepciones por las "identidades " y las nuevas sensibilidades, ante el aumento de la violencia machista. 

Y todo esto es bello e instructivo, más si tenemos en cuenta que se ha conocido esta misma semana que, mientras el ministerio gastaba 1.6 millones para acabar con la violencia machista y el hombre tradicional, el ministerio perdía todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, "el cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático ha generado un vacío informativo durante meses que ha comprometido gravemente los procesos judiciales contra maltratadores".

"Esta carencia supone la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento. Los tribunales se enfrentan a un obstáculo técnico crucial que puede comprometer la efectividad del sistema judicial en casos de violencia de género". 

Tal y como ha adelantado Okdiario, en 2023 el contrato estaba en manos de Telefónica, que subcontrataba a Securitas Direct, pero el Gobierno adjudicó ese año la gestión a Vodafone y Securitas. Durante la migración de datos de un sistema a otro se perdió el acceso a la información anterior a marzo de 2024, dejando a los jueces sin una prueba esencial para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento.