Miles de familias pendientes de la decisión de 'Puchi' desde Waterloo. El próximo 31 de diciembre finaliza la conocida como moratoria antidesahucios. En un arranque de derechos sociales, el Gobierno social-podemita aprobó el Real Decreto 11/2020, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19".
Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional", es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie y, en principio, el 31 de diciembre, debería desaparecer... o no. Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables.
Además, es complicado identificar si son falsos vulnerables dentro del plazo de 48 horas de desahucio, por lo que la situación que vemos una y otra vez es la siguiente: el juez ordena el desahucio, el inquiokupa alega vulnerabilidad, por lo que el juez inicia el plazo para que lo acredite, el inquiokupa no lo acredita, por lo que se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Si no, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa.
Supuestamente deberían ser los Servicios Sociales y las Administraciones Públicas las que se hicieran cargo de buscar una alternativa habitacional a estas personas, pero la realidad es que con esta medida carga el Estado a los propietarios, lo que provoca que sean ellos los que acaben en situación de vulnerabilidad real, convirtiéndose en el Escudo Social del Gobierno.
Pero claro, para Pedro Sánchez, la okupación es un bulo, para la ministra de Vivienda, es más fácil que te roben el móvil y para el ministro del Interior, no es que bajes a por el pan y te okupen la casa. Es más, aunque la realidad desmonte el relato de los vulnerables, el Gobierno busca la prórroga del Decreto. Aún más, según Público, fuentes del ministerio han asegurado que "es necesario reforzar y reformar el sistema y que la medida sea estructural para que no dependa de una prórroga anual por la voluntad del Gobierno de turno".
La prórroga requiere de mayoría parlamentaria, Sumar, Bildu y el resto de socios de investidura ya han dado luz verde y han pedido exactamente lo mismo que el ministerio, medidas más permanentes, por lo que todo depende de Junts.
Sobre el asunto se ha pronunciado la Plataforma de Afectados por la Occupación e Inquiocupación, que manifiesta su oposición frontal a la nueva prórroga del denominado “Escudo Social”. La Plataforma argumenta que, si bien la protección social es necesaria, la continuidad de este mecanismo está causando un grave perjuicio a los pequeños propietarios y arrendadores de una única vivienda, población que constituye el 93,4% del mercado del alquiler en España.
La medida se ha convertido en un coladero para la ocupación pero fundamentalmente de la inquiocupación. "Lo que nació como una protección temporal ante una emergencia sanitaria, ahora se perpetúa como un atajo legal para quienes se instalan ilegalmente en una vivienda", señala Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma. Esta situación genera una profunda indefensión en los propietarios legítimos.
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Por otro lado, con esta medida, "el gobierno deriva la transferencia de sus responsabilidades públicas con las familias vulnerables a los pequeños propietarios. El gobierno, en lugar de utilizar mecanismos y recursos propios para ofrecer una alternativa habitacional digna a las familias vulnerables, obliga a los propietarios -muchos de los cuales son familias que dependen de esa renta- a sufragar de facto el recurso habitacional y los gastos de suministros". La Plataforma denuncia que esta política convierte a los pequeños propietarios en la pieza clave del sistema de bienestar social, ante la desoladora ausencia del gobierno y las administraciones públicas.
"Llevamos seis años, desde marzo de 2020, manteniendo no solo a las familias que realmente lo necesitan, sino también a todos aquellos inquiocupas que han sabido aprovechar los vacíos del decreto para colarse en viviendas ajenas", afirma el portavoz de la Plataforma.