Como ha recogido Hispanidad, Pedro Sánchez ya ha nacionalizado a 600.000 descendientes de exiliados españoles (de la II República o la guerra civil) por medio de su Ley de Nietos, pero las solicitudes alcanzan los 2,5 millones.
Toda esta 'ingeniería social' de Sánchez es tan escandalosa que la sospecha casi se convierte en certeza: lo que pretende el actual presidente del Gobierno es alterar el censo electoral para asegurarse votos desde el extranjero. Porque, además, los nacionalizados pueden elegir el municipio en el que votar, lo que puede ser utilizado para hacerse con algún diputado en aquellas provincias donde la distancia con el PP sea menor...
Y esto es lo que ha denunciado el partido político Iustitia Europa ante la Junta Electoral Central, en una petición de actuación urgente al citado tribunal: "La falta de control sobre la provincia a la que se vincula el voto del residente ausente permite la posibilidad de una concentración artificial de sufragios en circunscripciones clave, lo que alteraría el equilibrio representativo".
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha publicado el siguiente post en la red social X: "No podemos permitir que el Gobierno manipule el censo electoral mediante el voto CERA. Solicitamos medidas urgentes para fiscalizar la adscripción provincial del voto exterior".
#URGENTE. DENUNCIAMOS LA LEY DE NIETOS DE SÁNCHEZ
— Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) June 29, 2026
👉 Ante la inacción de los políticos, desde @IustitiaEuropa presentamos una denuncia y una solicitud de actuación urgente ante la Junta Electoral Central.
👉 No podemos permitir que el Gobierno manipule el censo electoral… pic.twitter.com/46vMhbnPk4
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en esRadio, ha acusado hoy a Sánchez de utilizar la política de nacionalizaciones como herramienta de "ingeniería electoral". "Si con los votantes actuales no me salen las cuentas, pues fabrico otros". Y es que, según ha calculado el dirigente popular, en año y medio podrían incorporarse "hasta 2,5 millones de personas con derecho a voto" a través de los mecanismos de nacionalización aprobados por el régimen sanchista.