En el caso Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: A) contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz); y B) operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, por el juez Arturo Zamarriego. 

En la primera ramificación, están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. 

Pues bien: en el marco del caso Leire Díez, el juez Santiago Pedraz ha ordenado esta mañana a los agentes de la UCO ejecutar un requerimiento de información en diversos lugares (los requerimientos se transforman en registros si no se facilita la información necesaria): la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, la sede de la Fundación Pablo Iglesias, y los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolset, y del histórico socialista Gaspar Zarrías (fue imputado en el caso de los ERE y condenado en 2016 a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero más adelante, en julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló dicha condena, al igual que la del ex alto cargo Antonio Vicente Lozano, y después de hacer lo mismo con las condenas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán).  

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Pero lo más sorprendente es que los agentes de la UCO también han entrado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, donde han entrevistado a distintas personas en busca de información. 

Además, el juez Pedraz ha imputado en esta causa a los mencionados Cerdán y Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Según informa El Debate, las sospechas de la investigación recaen sobre los 4 millones de euros en microcréditos que otorgó la SEPI, durante la pandemia, y que luego, presuntamente, habrían engrosado a través de comisiones, a la caja del PSOE. 

También cabe recordar que hay otro caso distinto al Caso Leire Díez, denominado 'Caso PSOE' en el que el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el partido socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario y comisionista Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE. 

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Dentro del Gobierno, el ministro Óscar Puente ha sido el primero en reaccionar, a través de X, claro está,... y para atacar a un medio de comunicación, cómo no. 

Eso sí, el titular de Transportes y Movilidad Sostenible ha recibido un sonoro zasca de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil).