En el caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 2 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación.
Pues bien: la noticia de este mañana, desvelada por El Mundo, es que Zapatero ha solicitado al juez Calama un aplazamiento de su comparecencia judicial dada la extensión de la causa.
Y la decisión del juez Calama -que hasta el momento se ha mostrado muy benévolo con el expresidente, por ejemplo, negando a los agentes de la UDEF el registro de su domicilio particular- ha sido admitir el retraso en la comparecencia de Zapatero.
Por lo demás, esta mañana nos hemos desayunado con nuevas informaciones en torno a este caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela.
Por ejemplo, según The Objective, la Administración estadounidense prepara una «operación inminente» para imputar al presunto «testaferro» de Zapatero, Julio Martínez Martínez, por presuntas operaciones de blanqueo de capitales en Miami. Recordemos que, según el sumario desvelado ayer, Zapatero se constituía como un interlocutor privilegiado para los negocios entre el chavismo y otros países del mundo.
Por otra parte, Libertad Digital informa de que el juez Calama ha lanzado una orden internacional de detención contra el venezolano Rodolfo Reyes, uno de los mayores accionistas de Plus Ultra, por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
En este punto hay que señalar que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) eximió a los antiguos accionistas de la aerolínea Plus Ultra de la obligación de devolver de manera inmediata los 53 millones de euros del rescate público, tras autorizar su salida del capital social. Y que el bloque mayoritario de accionistas venezolanos, liderado por el propio Rodolfo Reyes, recibió la autorización expresa de la SEPI para transferir sus participaciones sin activar dicha penalización de reintegro.
Seguimos con Venezuela. Como se recordará, el 20 de enero de 2020, un avión que transportaba a la entonces vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando tenía prohibido pisar suelo europeo al estar sancionada por violación de los derechos humanos ejercida por la dictadura chavista. Ese día, la embajada de Venezuela se llevó 40 bultos del avión de Delcy Rodríguez en Barajas sin pasar ningún control de seguridad. Pues bien: según publica hoy El Español, el entonces comisario en Barajas, Jesús María Gómez Martín --que estuvo presente durante el aterrizaje de Delcy Rodríguez-- recibió de la trama Zapatero "gratificaciones" por facilitar "negocios ilícitos", es decir, que habría intermediado para otras actividades ilegales en el aeródromo de Cuatro Vientos. Luego fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias.
Volviendo a Zapatero, según El Debate, su secretaria, Gertrudis Alcázar, también incremento su patrimonio, hasta el punto de que pagó al contado un piso en Madrid tras colaborar con la trama en la que, según el sumario del caso, habría tenido un «papel operativo esencial».