Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
El juez Peinado había dispuesto que a la esposa del presidente del Gobierno la juzgase un jurado popular, con el perjuicio que ello conlleva para Gómez, ya que los jurados populares tienden a juzgar más los aspectos morales que los jurídicos y, en consecuencia, sería más fácil que la condenasen por 'jetas' (haber hecho negocios sirviéndose de su condición de mujer del presidente del Gobierno).
Sin embargo ayer fue noticia que los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han paralizado la decisión del juez Peinado de un jurado popular para Gómez y le han pedido que la justifique mejor, ya que, hasta la fecha "indicios racionales de criminalidad que justifiquen" esa decisión.
2.-Caso financiación irregular del PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos.
3.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado.
En relación al caso Koldo, el juez Ismael Moreno ha ampliado en seis meses el plazo para investigar los hechos para poder seguir indagando en el “numeroso material incautado”, que incluye documentación, efectos, metálico y pruebas digitales extraídas de teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento.
Además, Moreno ha pedido un juez de refuerzo dada la ingente cantidad de material por investigar. La semana pasada, este mismo magistrado amplió hasta marzo el secreto de la pieza separada donde investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente.
4.- Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid lo investiga.
En relación a este caso, El Confidencial añade hoy que Julio Martínez pagó a las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online mediante pagos mensuales recurrentes de 3.000 euros, de la sociedad Análisis Relevante SL, propiedad de Julio Martínez Martínez.
Cabe recordar que El Mundo publicó el pasado 31 de enero que Zapatero había cobrado 463.000 euros de Análisis Relevante SL por "asesorías globales". Por lo tanto, la suma de 463.000 euros y 198.000 euros da 661.000 euros cobrados por la familia Rodríguez Zapatero de la empresa que trabajaba para Plus Ultra y que ahora está investigando la UDEF.
Hablando de Zapatero, también según El Mundo, el expresidente viajaba una vez al año, junto a Julio Martínez, a Venezuela, en aviones fletados por la dictadura chavista, para mantener reuniones conjuntas.
Además, este mismo medio añade que Julio Martínez pagó una media de 110.000 euros al año a la familia Rodríguez Zapatero por servicios teóricos de asesoría y marketing.