Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo -la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, que ha decretado para el próximo 7 de abril la apertura del juicio oral, en el que declararán Ábalos, Koldo y Aldama, entre otros, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (expresidente de Canarias); y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (expresidenta de Baleares).
El propio Koldo García ha comparecido hoy, por videoconferencia, desde la cárcel, en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, donde ha declarado: “El daño ya está hecho. Yo cometí un error de cálculo porque pensé que se iban a centrar en mi persona y no en mi entorno, que se iba a focalizar en mí y no en toda persona que estaba alrededor mía. Lo único que se ha hecho es destrozar vidas. Nadie va a poder borrar todo lo que se ha dicho sobre mi persona. Todas las mentiras y barbaridades que se han dicho sobre mí por personas que no me conocen, no quieren saber mi historia. Me preocupa que el día de mañana quede todo lo que han dicho sobre mí, todas las falsedades, eso lo tendrán que arreglar los políticos”, ha continuado.
“Hay que tener un poco más de paciencia, de tranquilidad. Queda muchísimo por saber y si se dice algo hay que demostrarlo. Todo lo que he dicho lo he podido demostrar. Si tenemos un poco de paciencia y sentido común se podrán decir las cosas pero demostrándolas. El proceso judicial manda sobre encima de todas las cosas y lo que tengo que hacer es demostrar judicialmente que todo lo que se está diciendo son barbaridades. Voy a demostrar ante la Justicia la verdad”, ha añadido. También se ha quejado de permanecer en prisión “sin haberse demostrado ningún delito”. “Lo único que quiero es aclarar las cosas ante la Justicia”, ha concluido García.
También en relación al caso Koldo, El Español informa hoy de que el piloto de avión Ángel García Rosique -pareja del entonces ministro Miquel Iceta- compró una pistola al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que también está siendo investigado por haberse beneficiado económicamente de la trama Koldo. Fue Koldo García quien intermedió (entre el piloto y el Guardia Civil) para hacer esa compra, procedente de las intervenciones que realizaba la Guardia Civil en sus operaciones . En ese momento, primavera de 2021, García Rosique vivía con Iceta (en aquel entonces ministro de Política Territorial y Función Pública), en el Complejo de la Moncloa. Tras la adquisición de la primera pistola, García Rosique intentó comprar más armas y crear un armero en su vivienda, pero el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno lo impidió.
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
En relación a este caso, El Confidencial publica hoy que Plus Ultra pagó unos 707.000 euros a las empresas de Julio Martínez Martínez, supuestamente por trabajos de asesoría. De ese dinero, Zapatero y sus hijas se llevaron 661.000 euros, es decir, el 93% del dinero pagado en total por la aerolínea. Una cuantía que hace sospechar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción que el expresidente del Gobierno usó, presuntamente, las empresas de Julio Martínez Martínez para ocultar las comisiones ilegales que se llevó por interceder ante el Gobierno sanchista para que rescatase a Plus Ultra con esos citados 53 millones de euros. Es decir, que se sospecha que esos 661.000 euros pudieron salir, presuntamente, del rescate del Gobierno a la aerolínea.
3.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. Dentro de la primera derivada del caso Leire Diez, surgió el nombre de la empresa Forestalia, que cobró gran fama hace unos años por ser la gran adjudicataria en las subastas de las energías renovables y que está siendo investigada por presunta corrupción: esta empresa se habría visto favorecida por evaluaciones ambientales manipuladas a cambio de dinero o favores.
En relación al caso Forestalia, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado hoy miércoles la suspensión de los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial.