Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es". Cabe recordar también que tanto la Administración Trump como Bruselas han vetado a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, por el supuesto peligro de espionaje que representa. Y se da la circunstancia de que Zapatero es el representante de Huawei en Europa, como ha explicado Hispanidad, y en España, habiendo entrado como cliente de Telefónica, como también explicó Hispanidad.
En relación al expresidente del Gobierno socialista, El Confidencial informa hoy de que las investigaciones judiciales vincularían a Zapatero con operaciones de blanqueo de capitales a gran escala, con fondos presuntamente obtenidos gracias al cobro de comisiones ilegales -gracias a su gestiones ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a empresas de su entorno con subvenciones y contratos-- que luego ha movido por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros.
En este sentido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha instado hoy a Zapatero a que aclare “si mintió en la comisión del Senado cuando dijo que él podía justificar todos sus ingresos"; "si mintió cuando decía que él no tenía que dar ningún tipo de explicación"; y "si mintió cuando dijo no tener patrimonio que estuviera oculto". "Estamos hablando de rescates millonarios a través de fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que podría haber intervenido Zapatero y, además, haber cobrado por ello".
Por otra parte, según publica hoy El Debate, José Antonio Marco Sanjuán (el exnúmero 3 de María Jesús Montero) cobró presuntamente más de 1,2 millones de euros de un empresario al que previamente el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), presidido por él mismo, había anulado una deuda de más de 16 millones de euros con la Agencia Tributaria, según investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
2.-Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
Hoy, en la comisión de investigación del Parlamento foral que investiga la adjudicación de obra pública en Navarra relacionada con la empresa Servinabar ha declarado la expresidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, quien ha sido preguntada por su foto en Sanfermines con Joseba Antxon Alonso. Barkos ha respondido: “Es evidente que estamos en Sanfermines, tomando un aperitivo en un lugar muy reconocido para mí y para mí entorno personal, qué quiere que le diga". Respecto a cómo conoció a los investigados, ha respondido: "A Cerdán lo conozco en esta misma casa", "al señor Alonso en el trámite y trasunto de un proyecto como es Mina Muga y en representación del equipo de Geoalcali". Y ha concluido: "La justicia dirá si hubo cobros o no. No tengo la menor idea de si pagó o cuánto pagó, ni me corresponde. Me correspondía que las cosas se hicieran bien, conocíamos a Acciona, que a veces iba en UTE con Servinabar y con otras”.
En otro orden de cosas, en la Comisión de Investigación abierta en el Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hoy ha declarado José Ángel Partearroyo, que trabajó en el organismo que dependía del Ministerio de Hacienda entre 2012 y 2024, es decir, en la época de los rescates de Air Europa o Plus Ultra. Partearroyo ha dicho que el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, le pidió “celeridad” para el rescate de Air Europa por su posible quiebra y “puesto que había mucha presión” por “la necesidad de pagar las nóminas”.
Respecto al rescate a Plus Ultra, Partearroyo ha explicado que se siguió el “procedimiento normal” y que a él no le comunicaron “ningún tipo de urgencia”. “En la operación de Plus Ultra y en todas las operaciones que se hicieron a partir de que estuviera en vigor el acuerdo marco de asesores financieros y jurídicos, por lo menos en las operaciones que yo llevé, no había informes internos porque se decidió que no hacían falta porque estaban ya los asesores externos. Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes”.