Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, que ha decretado para el próximo 7 de abril la apertura del juicio oral, en el que declararán Ábalos, Koldo y Aldama, entre otros, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (expresidente de Canarias); y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (expresidenta de Baleares).
Ayer, en Valencia, hubo un pleno en las Cortes regionales en el que la oposición socialista criticó duramente al actual presidente, Juanfran Pérez Llorca (del PP) porque su mujer ha logrado una plaza de funcionaria en la Diputación de Valencia. El propio Pérez Llorca explicó que su mujer es funcionaria desde hace más de 20 años, y que el acceso de su mujer al puesto es plenamente legal y sin "trato de favor" alguno.
La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, (también del PP) salió en defensa del presidente valenciano y de su mujer acusando a los diputados opositores de ser "unos machistas de libro". Y añadió: “Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a las prostitutas".
Por estas declaraciones de Camarero, luego puso el grito en el cielo la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant: "Su único argumento es intentar degradar a las mujeres que trabajamos por un país mejor". La misma Diana Morant se mostró luego "satisfecha" por el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda: "Los valencianos estamos más contentos".
Hay que recordar que Arcadi España fue director de gabinete del entonces presidente valenciano Ximo Puig, además de conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad entre junio de 2019 y mayo 2022, también bajo el Gobierno de Puig.
Pues bien: El Debate publica hoy que Arcadi España, mientras ocupó el cargo de consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en la Generalitat, adjudicó dos obras (por un valor total de casi 2 millones de euros) a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, del constructor José Ruz, que está actualmente siendo investigado por el Tribunal Supremo, en el marco del caso Koldo, por estar en la presunta trama de comisiones a cambio de obras públicas.
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
Sobre este caso, El Mundo publica hoy que la Audiencia Nacional ordenó la detención del empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu por supuesto blanqueo de capitales (mediante operaciones inmobiliarias o concesión de préstamos a la compañía aérea) en la trama Plus Ultra. La detención se produjo el miércoles 25 de marzo en la isla caribeña de Aruba, un país autónomo insular que forma parte de los Países Bajos. La intención del juez José Luis Calama es solicitar la extradición a España para poder tomarle declaración.
3.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. El juez también acusa a Gómez en su auto de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera y para "favorecer intereses estrictamente privados". "Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", decía en su auto. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
Decíamos ayer que el próximo 1 de abril están citados a declarar por el juez Peinado: Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El mundo mediático, político y económico del país se encuentra en máxima expectación ante la decisión que pueda tomar ese día el juez instructor, que podría ser mandarlos ya a juicio oral con un jurado popular, que es algo a lo que este jueves se ha opuesto el abogado de Gómez, Antonio Camacho, mediante un recurso de forma, acusando al juez de “conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno” y alegando que se la está investigando “por ser la cónyuge del presidente del Gobierno”. Y es que en Moncloa saben que es mucho más fácil que un jurado popular vea, por ejemplo, 'enchufismo', en las conductas de la mujer del presidente…
Pero antes de esa fecha 1 de abril, las defensas de los investigados están realizando movimientos para tratar de minimizar o exculpar a sus clientes. Así, por ejemplo, según La Razón, en un recurso de reforma contra la decisión del instructor de proponerle para ser juzgado por un tribunal de jurado popular, Juan Carlos Barrabés asegura que «no han tenido», ni él ni su grupo empresarial, «relación con la cátedra» extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la esposa de Pedro Sánchez acabó codirigiendo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, que está negando su vinculación con esta cátedra para intentar exonerarse, lo que puede ser interpretado como un desmarque en toda regla de los tejemanejes de Begoña Gómez...
Por su parte, según El Confidencial, en otro escrito al juez, la propia Gómez trata de escudarse en la pandemia de Covid para justificar el haber citado en Moncloa a gente para promocionar su cátedra. En el escrito, su abogado Antonio Camacho afirma que se reunió Presidencia con el entonces rector Joaquín Goyache Goñi, en julio de 2020, porque en ese momento "había ya 4.189.136 contagiados, 81.148 muertos y el nivel de riesgo era alto". Es decir, que lo citó en Moncloa por el alto riesgo para la salud que implicaba la pandemia de covid. Un excusa que suena a todas luces banal...
En cualquier caso, veremos lo que ocurre el 1 de abril con Begoña Gómez, investigada por esos cinco delitos por los que las acusaciones calculan que se podrían pedir -otra cosa luego es la decisión de la justicia- hasta 15 años de cárcel...