Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción —presunta o no presunta— de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
El próximo 1 de abril están citados a declarar por el juez Peinado: Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Pues bien: el mundo mediático, político y económico del país se encuentra en máxima expectación ante la decisión que pueda tomar ese día el juez instructor, que podría ser mandarlos ya a juicio oral con un jurado popular, que es algo a lo que este jueves se ha opuesto el abogado de Gómez, Antonio Camacho, mediante un recurso de forma, acusando al juez de “conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno” y alegando que se la está investigando “por ser la cónyuge del presidente del Gobierno”. Y es que en Moncloa saben que es mucho más fácil que un jurado popular vea, por ejemplo, 'enchufismo', en las conductas de la mujer del presidente…
Veremos lo que ocurre el 1 de abril con Begoña Gómez, investigada por esos cinco delitos por los que las acusaciones calculan que se podrían pedir -otra cosa luego es la decisión de la justicia- hasta 15 años de cárcel...
2.- Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a la aerolínea Plus Ultra- fue detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional después de que la UDEF hallara indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
En relación a este caso, El País publica hoy que la justicia ha ordenado el embargo de las cuentas de algunas de las sociedades investigadas, entre ellas, Análisis Relevante (propiedad del citado Julio Martínez Martínez) y una segunda sociedad -sociedad Agropecuaria Lucena- cuyo administrador es también Julio Martínez Martínez.
Además, el juez Calama ha prorrogado un mes más el secreto de la investigación del caso Plus Ultra.
3.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz-; y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
Sobre este caso, en concreto sobre la investigación del juez Pedraz (a Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández), Libertad Digital informa de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez actuaba como testaferro de Cerdán (persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona).
En otro orden de cosas, El Debate publicó el 23 de marzo que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) -el que fuera ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda-, por un delito de cohecho, al presuntamente cobrar comisiones a cambio de archivar pleitos fiscales. Al día siguiente 24 de marzo, este mismo medio añade que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, registro en el que han incautado diversos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y numerosos documentos en papel. Y hoy, 26 de marzo, este mismo medio añade que en ese registro, la policía encontró fajos de billetes escondidos entre libros.
Se da la circunstancia de que María Jesús Montero es la candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. Y otro de sus hombres de máxima confianza, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, también está siendo investigado por la justicia...