Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contiene pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE.
Según una información de hoy de El Español, en el sobre entregado por Aldama habría documentos que relacionarían la visita de la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020 con el cupo de petróleo -por valor de 250 millones de euros- que iba a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. Es decir, que durante su visita a Madrid, Delcy Rodríguez habría negociado, con José Luis Ábalos, 6 millones de barriles de crudo de PDVSA, para la citada financiación.
También en relación al misterioso viaje que Delcy Rodríguez realizó a España, La Razón cuenta hoy que en el famoso sobre se incluían archivos PDF, fotos y vídeos y en uno de estos aparecen «bultos, que podrían ser maletas, embalados en plástico verde», que los investigadores de la UCO sospechan que podrían formar parte del famoso equipaje (las muchas maletas) que supuestamente trajo la ahora presidenta de Venezuela.
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es". Cabe recordar que tanto la Administración Trump como Bruselas han vetado a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, por el supuesto peligro de espionaje que representa. Y se da la circunstancia de que Zapatero es el representante de Huawei en Europa, como ha explicado Hispanidad, y en España, habiendo entrado como cliente de Telefónica, como también explicó Hispanidad.
En relación a este caso, El Mundo informa hoy de que Análisis Relevante (la consultora del empresario detenido Julio Martínez Martínez que contrató a José Luis Rodríguez Zapatero) cobró más de medio millón de euros -entre 2020 y 2025- de media docena de empresas españolas que han hecho negocios con la dictadura chavista y el régimen comunista. El objetivo de estos pagos habría sido que Análisis Relevante les hiciera gestiones ante las autoridades de ambos países para facilitarles ampliar sus negocios.
3.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
En relación a este caso, El Confidencial publicó ayer que Santos Cerdán mandó a Ion Antolín, exdirector de Comunicación del PSOE conseguir dinero (20.000 euros) para pagar actividades de las cloacas del partido, según revela un audio en el que habla un fontanero de Ferraz. Hoy, este mismo medio añade que el PSOE pagó los 20.000 euros a las cloacas del partido por medio de una agencia de medios que trabajó en la campaña electoral de Salvador Illa en las elecciones catalanas de mayo de 2024.
En otro orden de cosas, El Debate publicó ayer que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) -el que fuera ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda-, por un delito de cohecho, al presuntamente cobrar comisiones a cambio de archivar pleitos fiscales. Hoy este mismo medio añade que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, registro en el que han incautado diversos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y numerosos documentos en papel.