Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

Empezamos por lo último. Y es que desde primera hora de esta mañana, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han llevado a cabo un registro en el Ayuntamiento de Soria, por orden de un tribunal de Soria (la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3).

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que el registro estaría relacionado con el «Área de Comercio del Ayuntamiento».

Cabe recordar que el socialista Carlos Martínez fue alcalde de la capital soriana desde 2007 hasta el pasado mes de abril, cuando se presentó como el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de Castilla y León (que perdió frente al PP, por cierto). 

Por el momento no han trascendido más detalles de este caso. 

En este momento, el Ayuntamiento de Soria está gobernado por el Javier Antón Cacho, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El equipo de gobierno municipal sigue siendo socialista, con mayoría absoluta en el consistorio. 

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1.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo ha juzgado la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están imputados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos (exnúmero 2 del PSOE de Pedro Sánchez y exministro de Transportes), por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación y el pasado mes de mayo tuvo lugar la vista oral.

Como recogió ayer Hispanidad, la Sala Segunda del Tribunal Supremo notificó la sentencia —y además, por unanimidad de los 7 jueces— del llamado 'caso mascarillas', por la que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El empresario Víctor de Aldama, al que se aplica la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho. El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos. 

Ante la no entrada en la cárcel de Víctor de Aldama, el equipo de opinión sincronizada ha querido centrar la sentencia de ayer en este hecho y no en los 24 años de cárcel para el exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos. 

Esta mañana, en la SER --donde trabaja habitualmente el equipo de opinión sincronizada--, el socialista Eduardo Madina les ha cantado las cuarenta: "Me hubiera gustado ver a Aldama en la cárcel, claro, como a cualquiera, porque si ha estado dentro de este lío, si ha estado dentro de esta trama, si ha sido el corruptor, el instructor, el que ha sugerido, el que el que sea, me gustaría verlo en la cárcel igual que a cualquier otro. Pero me parece el asunto menor de todo esto. El asunto mayor es que el político con más poder después del presidente de gobierno en el PSOE y en el gobierno durante un ciclo muy largo de tiempo, 24 años de cárcel". 

Por cierto, esta era la grandilocuencia con que Ábalos hablaba contra la corrupción en la moción de censura contra Mariano Rajoy, moción que defendió él:

Además, como el Gobierno sanchista se ha echado las manos a la cabeza por la misma razón, la no entrada en la cárcel de Aldama por colaborar con la justicia, mucha gente ha traído a colación las palabras del ministro Félix Bolaños cuando el Gobierno indultó a José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda que grabó conversaciones y denunció la trama Gürtel, desempeñando un papel clave para que se investigara el caso. Bolaños lo justifico así: «Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España»: 

A todo esto, el protagonista de esta polémica artificial --que se quiere usar como cortina de humo para tapar que al exnúmero 2 de Sánchez le han ceñido 24 años de cárcel--, Víctor de Aldama, intervino ayer en el programa Horizonte, en Cuatro, donde advirtió a Pedro Sánchez: "A Sánchez no deben preocuparle las elecciones, sino la cárcel, porque va a ir a la cárcel".

Aldama también avisó de lo siguiente:

2.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.  

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En el caso Leire Díez, la novedad es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto una reunión --en enero de 2025-- y mensajes de la trama corrupta con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el objetivo último de que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatase a la empresa vasca Tubos Reunidos, con 112,8 millones de euros públicos. 

Es decir, que el PNV estaría también implicado en la trama corrupta de las cloacas del PSOE, al haber tenido protagonismo en el presunto amaño del rescate de esa empresa vasca. 

Tras esta información, el PNV se ha excusado diciendo que se trata de gestiones habituales que el partido hace en "defensa de la ciudadanía vasca". Eso sí, las fuentes que cita El Español han añadido: "No es responsabilidad de EAJ-PNV ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas". 

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3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  

Hoy se ha confirmado que la estrategia de la defensa de Zapatero es poner palos en las ruedas a la instrucción del juez Calama y ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso si el magistrado no acredita qué resolución judicial autorizó para conseguirlas.