Como recogió Hispanidad, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, declaró ayer ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, que le investiga por posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Gómez reconoció ante el juez Peinado que su ayudante en Moncloa, Cristina Álvarez, realizó para ella, de forma “excepcional”, alguna gestión de carácter privado, como “un favor”. Pero que esas tareas “no afectaron a las funciones que Álvarez tenía asignadas por parte de Presidencia del Gobierno”.
Y es que, el pasado mes de agosto, el juez Peinado decidió imputar a la mujer del presidente del Gobierno por un nuevo delito, el de malversación por el posible uso de fondos públicos en el trabajo de Álvarez. En concreto, por posible «desviación de fondos públicos en favor de intereses privados», al presuntamente emplear tiempo de su trabajo en realizar gestiones para los negocios privados de Gómez. Como por ejemplo, el correo que envió Álvarez a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale, Pilar Suárez-Inclán, que decía así: «PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis».
En una de sus providencias, el juez Peinado ordenó a la UCO de la Guardia Civil analizar los correos de los últimos 7 años de la cuenta de correo electrónico que tiene Begoña Gómez en Presidencia del Gobierno.
Pues bien: la noticia hoy es que la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid, al igual que hiciera la propia Gómez, que deje sin efecto la providencia del titular del juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, recoge La Razón.
En opinión de la Fiscalía -altamente sospechosa, pues su superior jerárquico es Álvaro García Ortiz, el Fiscal General del Estado, un peón de Sánchez, como todo el mundo sabe-, Peinado habría ordenado esa providencia sin la "más elemental motivación" y se desconocen "las razones que pueden llevar a la adopción de la medida" y su "finalidad de acuerdo con la referida ponderación de los derechos en conflicto". Además, le acusa de "vulnerar los derechos fundamentales" de Gómez y "la propia ley procesal penal". Y ve como "absolutamente desmesurado" investigar sus córreos desde 2018.
En definitiva: un nuevo palo en la rueda a la instrucción del juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.