El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Y esta semana trascendió --como recogió Hispanidad-- que el juez Peinado ha decidido imputar a la mujer del presidente del Gobierno por un nuevo delito, el de malversación, por el posible uso de fondos públicos en el trabajo de su ayudante Cristina Álvarez. En concreto, por posible «desviación de fondos públicos en favor de intereses privados», por el que podría ser condenada a entre dos y seis años de prisión. De los cinco, es el delito con penas más elevadas.
El juez ha citado a declarar a las dos --Gómez y Álvarez-- para el próximo mes de septiembre.
En ese contexto, este miércoles publica La Razón una información según la cual Moncloa anuló un móvil de Cristina Álvarez siete días antes de que declarase, por primera vez, ante el juez Juan Carlos Peinado (acudió a declarar el 20 de diciembre).
Un 'modus operandi' que recuerda al del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que borró el contenido de su teléfono móvil antes de ser investigado por el Tribunal Supremo por haber presuntamente filtrado información confidencial de un particular (Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso).