Una España humillada en algunas de sus instituciones más queridas y representativas. Una España alegre por carácter pero deprimida por sus políticos. Una esperanza latente frente a una desilusión que se renueva cada día. Una lengua compartida, pero envenenada por los personalismos, las identidades enfrentadas y el cálculo partidista. Una mentira cotidiana y frente a ella, una verdad judicial. Una sociedad cansada pero todavía deseosa de algo nuevo.

Esta es la España de hoy. No una nación vencida, sino un país sometido al desgaste deliberado de un poder que ha confundido gobernar con resistir, representar con ocupar y defenderse con desacreditar a todo aquel que se atreva a investigarlo. No estamos ante una suma casual de errores, episodios aislados o comportamientos individuales sin conexión política. Lo que se percibe es un método. Un sistema de protección mutua, de fidelidades recompensadas, de silencios convenientes, de nombramientos estratégicos y de ataques coordinados contra jueces, fiscales, periodistas o funcionarios cuando sus actuaciones incomodan al Gobierno. Cuando hablo de mafia no lo hago como calificación penal colectiva, porque eso corresponde exclusivamente a los tribunales. Hablo de una forma mafiosa de entender el poder: los nuestros son inocentes por definición; los jueces que investigan son sospechosos; los medios que informan pertenecen a una conspiración; los policías que descubren pruebas forman parte de unas supuestas cloacas; y la oposición, haga lo que haga, es presentada como enemiga de la democracia. Todo vale mientras permita permanecer en La Moncloa.

La corrupción no comienza únicamente cuando aparece un sobre, una comisión o una adjudicación amañada. Empieza mucho antes: cuando se desactiva la responsabilidad política, cuando se protege al colaborador comprometido, cuando se utiliza el aparato institucional para defender intereses particulares y cuando se convierte el sometimiento de los propios en requisito para ascender. El problema no es solamente cuántas personas próximas al presidente han comparecido ante los tribunales. El problema es que, ante cada investigación, la respuesta de La Moncloa ha sido esencialmente la misma: negar, minimizar, desacreditar y resistir.

José Luis Ábalos no fue un desconocido que pasó accidentalmente por el PSOE. Fue ministro, secretario de Organización y una de las personas de máxima confianza del presidente. En junio fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por delitos relacionados con corrupción en contratos públicos. Santos Cerdán, que lo sustituyó como número tres del partido, ya pasó por la cárcel y ahora se encuentra pendiente de juicio por presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, acusaciones que él niega. No son personajes periféricos: ocuparon consecutivamente el corazón orgánico del partido que sostiene al Gobierno.

La democracia queda así reducida a una sola voluntad: la de Pedro Sánchez

El hermano del presidente, David Sánchez, ha sido condenado -mediante una sentencia todavía recurrible- a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Su defensa rechaza el fallo y ha anunciado que lo recurrirá. La esposa del presidente, Begoña Gómez, será juzgada por un jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia de Madrid descartó otras acusaciones y levantó las medidas cautelares, pero mantuvo la continuación del procedimiento por esos dos delitos. Ella niega cualquier irregularidad y el Gobierno sostiene que se trata de una causa política. Detrás de todo ello, aparece el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil cuya cúpula ha sido tocada por la toxicidad venenosa de un Desgobierno constituido como preludio de mayores males.

La presunción de inocencia debe respetarse siempre como garantía fundamental para todos. Pero ello no elimina la responsabilidad política, ni obliga a cerrar los ojos como tampoco convierte automáticamente en prevaricador al juez que investiga. Ese es precisamente el engaño que pretende imponerse: confundir la defensa de las garantías procesales con la obligación de aceptar la versión del Gobierno. Según ese razonamiento, investigar al entorno presidencial sería un acto antidemocrático; cuestionar una adjudicación, una contratación o una influencia sería participar en una conspiración; y exigir explicaciones equivaldría a acosar a la familia del presidente. La democracia queda así reducida a una sola voluntad: la de Pedro Sánchez. Cuando una resolución judicial favorece al Gobierno, se proclama solemnemente el respeto a la Justicia. Cuando lo perjudica, se habla de «lawfare», persecución política, jueces parciales o ultraderecha togada. La ley deja de ser una norma común y pasa a valorarse según su utilidad para el poder. Ese comportamiento es particularmente grave porque no se limita a la defensa procesal de personas investigadas.

El Gobierno hace tiempo traspasó la frontera que separa la discrepancia jurídica del señalamiento institucional. Ministros han acusado públicamente a magistrados de dictar resoluciones incomprensibles, contrarias a derecho o políticamente dirigidas. El Financial Times llegó a titular que el Gobierno español había ido «contra el juez» que investigaba a la esposa del presidente. No lo escribió un panfleto de la oposición, sino uno de los periódicos económicos más influyentes del mundo. También Reuters ha descrito a Sánchez como dirigente al que se le agota el camino mientras se acumulan las investigaciones sobre personas de su partido y de su entorno familiar. La agencia subraya que el propio presidente no figura como investigado, pero también que las causas afectan a antiguos colaboradores decisivos, familiares y dirigentes que ocuparon la máxima confianza dentro del PSOE.                                                 

No es por tanto polémica exclusivamente española. La degradación de nuestra vida pública ha atravesado las fronteras. Una delegación del Parlamento Europeo viajó a Madrid en febrero de 2026 para examinar la independencia judicial y la eficacia de la lucha contra la corrupción. Su informe no afirma que España sufra una regresión democrática sistémica: reconoce que nuestro Estado de derecho continúa asentado sobre una estructura constitucional sólida. Pero precisamente por eso sus advertencias resultan más serias. La delegación detectó tensiones institucionales recurrentes, una polarización creciente, dudas sobre la proximidad entre el Ejecutivo y la Fiscalía General, deterioro de la percepción de independencia y riesgos para la confianza pública. También lamentó no haber podido reunirse con el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, empresas públicas y RTVE.

El Financial Times llegó a titular que el Gobierno español había ido «contra el juez» que investigaba a la esposa del presidente. No lo escribió un panfleto de la oposición, sino uno de los periódicos económicos más influyentes del mundo

España no es todavía un Estado sin garantías. Las garantías sobreviven, precisamente, porque hay jueces, policías, fiscales, funcionarios y periodistas que continúan haciendo su trabajo a pesar de las presiones. El peligro está en que cada resistencia institucional sea presentada por el Gobierno como una agresión ilegítima. El informe europeo recoge, además, que los indicadores españoles de percepción de la corrupción han caído a su peor nivel desde 2012. La OCDE señala que España cumple el 53% de los criterios relativos a la solidez formal de su marco estratégico anticorrupción, pero solamente el 17 % en su aplicación práctica. Es decir, abundan los planes, las declaraciones y los proyectos; escasea su ejecución efectiva. La distancia entre lo anunciado y lo realizado resume perfectamente este Gobierno.

Se aprueba un plan contra la corrupción cuando la corrupción cerca al partido. Se promete transparencia cuando las investigaciones avanzan. Se anuncian controles cuando los controles ya han fallado. Y después, pasado el efecto propagandístico, las reformas se atascan, se aplazan o se pierden en el laberinto parlamentario. Un año después de anunciar quince medidas, buena parte del plan seguía sin ejecutarse plenamente. Mientras tanto, España continúa gobernada por una mayoría parlamentaria agotada, contradictoria y sostenida por acuerdos cuyo principal denominador común no es un proyecto nacional, sino impedir una alternativa. El Congreso aprobó en junio, por 177 votos frente a 171, una resolución no vinculante que pedía la dimisión del presidente y, si no convocaba elecciones, su sometimiento a una cuestión de confianza. El Gobierno respondió que aquella votación no tenía efecto político alguno.

Esa respuesta revela una concepción inquietante del parlamentarismo. Cuando el Congreso respalda al Gobierno, representa la soberanía popular. Cuando le exige responsabilidades, su decisión se reduce a un gesto simbólico sin importancia. El Parlamento sirve mientras obedece. Los jueces merecen respeto mientras absuelven. La prensa es libre mientras calla. La Fiscalía es independiente mientras coincide. Los socios son progresistas mientras votan a favor. Y la ciudadanía es democrática mientras acepta sin protestar. Esto no es fortaleza política. Es una forma de autoritarismo defensivo: mantener todas las apariencias institucionales mientras se vacía poco a poco su significado. No se clausura el Parlamento, pero se desprecia su pronunciamiento. No se suprimen los tribunales, pero se desacredita a sus magistrados. No se prohíbe la prensa, pero se divide entre medios legítimos y «pseudomedios». No se elimina la oposición, pero se la identifica continuamente con el extremismo, el odio o la amenaza democrática.

España está cansada, pero no resignada. Sigue existiendo una esperanza latente porque las instituciones, aunque golpeadas, aún no han sido destruidas. Porque la sociedad empieza a comprender que la normalización del escándalo es una estrategia de supervivencia

La mentira necesita repetirse todos los días porque la verdad avanza más despacio. Necesita autos, informes policiales, declaraciones, pruebas y sentencias. Pero avanza. Cada resolución judicial que atraviesa el muro propagandístico demuestra que todavía quedan contrapesos. Cada funcionario que se niega a mirar hacia otro lado confirma que el Estado no pertenece al Gobierno. Cada periodista que investiga recuerda que informar no es conspirar. Cada ciudadano que exige responsabilidades demuestra que la democracia no consiste en votar una vez cada cuatro años y guardar silencio durante el resto de la legislatura. No estamos ante un problema de izquierdas o derechas. La corrupción no adquiere dignidad por envolverse en una bandera progresista. El abuso de poder no se vuelve democrático por invocar el antifascismo. Y la mentira no se transforma en verdad porque sea pronunciada desde el Consejo de Ministros.

España está cansada, pero no resignada. Sigue existiendo una esperanza latente porque las instituciones, aunque golpeadas, aún no han sido destruidas. Porque la sociedad empieza a comprender que la normalización del escándalo es una estrategia de supervivencia. Porque ya no basta con repetir que todo es un montaje cuando las resoluciones llegan desde tribunales distintos, intervienen decenas de magistrados y algunas causas terminan en condenas. No es un lamento. Es una denuncia. La denuncia de un poder que ha convertido la permanencia en su única ideología. La denuncia de un Gobierno que pretende ser juez de sus propios jueces, víctima de todos sus investigadores e inocente de todas sus responsabilidades. La denuncia de una red política que protege a los suyos mientras exige ejemplaridad a los demás.Y la denuncia de una España institucionalmente humillada, políticamente deprimida y diariamente engañada, pero todavía capaz de reaccionar.Porque España no está vencida. ¡Está harta!