Desde la dimisión en 1974 del presidente estadounidense Richard Nixon, se usa el término anglosajón 'Watergate' como sinónimo de corrupción y abuso de poder cometido por el ejecutivo de un país.
En España ya tenemos nuestro propio Watergate y lo protagoniza el Sanchismo, o por concretar más, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
De toda la información que trascendió ayer del auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se deduce que el presidente del Gobierno, durante sus cinco días de reflexión tras la imputación a su mujer Begoña Gómez, lo que en realidad organizó -presuntamente, pero cada vez menos presuntamente- fue una operación encubierta para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.
Esa operación se la encargó a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
A todos ellos, el juez Pedraz les investiga en lo que podríamos denominar 'caso Leire', en el que los presuntos delitos que investiga el magistrado son organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, inducción al falso testimonio y delitos contra las instituciones del Estado.
Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno) o el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez).
La operativa que ayer ordenó el juez Pedraz incluyó la búsqueda de información -por parte de la UCO de la Guardia Civil- en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como en la sede de la Fundación Pablo Iglesias, y los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolset, y del histórico socialista Gaspar Zarrías.
Pero lo más sorprendente es que los agentes de la UCO también entraron -por orden judicial- en la sede de su jefes, o sea, en la Dirección General de la Guardia Civil, donde entrevistaron a distintas personas en busca de información. Y es que, según publica The Objective, el magistrado también sospecha que pudieron producirse presiones por parte de la cúpula de la Guardia Civil hacia los integrantes de la UCO, por negarse a compartir información judicial con sus superiores. Entre esos superiores figuraría el DAO de la Guardia Civil -teniente general- Manuel Llamas, que según el citado medio, ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Rafael Yuste cuando este era coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil (luego fue promocionado por el ministro Grande Marlaska a otro puesto y así el Gobierno se lo quitó de encima). Las presiones y coacciones de estos mandos a los agentes de la UCO habrían consistido en abrirles investigaciones internas o expedientes disciplinarios.
Por otra parte, según recoge El Debate, el auto del juez Pedraz indica que los integrantes de la trama de las cloacas habrían «llevado a cabo también actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en distintos procedimientos judiciales», lo que «motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada».
En definitiva, el auto del juez Pedraz destaca que «el propósito principal» de la trama de las cloacas -«en la que se atribuye un papel superior a Santos Cerdán»- era «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del Presidente del Gobierno».
Pero es que, lo más grave de todo ello es que en el auto del juez Pedraz, los imputados aluden en varias ocasiones al 'one', del cual obedecían órdenes, o incluso mencionan al "presidente del Gobierno”.
Y no solo eso: la investigación del magistrado constata que esta trama mafiosa y criminal utilizó la estructura y los medios del PSOE y fue financiada con alrededor de 188.000 euros.
Como hemos señalado, en EEUU un caso de una gravedad similar llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon. Mientras que, aquí, en España Pedro Sánchez no piensa dimitir "por el interés general" de los españoles. ¿Cabe mayor cinismo?
Ni tampoco cabe esperar una moción de censura apoyada por alguno de los 179 diputados que sustentan al sanchismo, los cuales se limitan a "pedir explicaciones". Razón por la cual, muy acertadamente, en su programa de esta mañana en la COPE el periodista Carlos Herrera los llamaba "banda mafiosa".
Lo que está ocurriendo en este país es de una gravedad extraordinaria. Y lo peor es que no se ven resortes morales o éticos o de valentía, o que apelen a la conciencia de los diputados que se sientan en el Congreso. ¿De verdad que ninguno quiere contribuir a acabar con esto apoyando una moción de censura? ¿No hay ninguno?