El Presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, ha presentado, junto a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y varios de los autores del estudio, el Informe de Opinión del IEE “La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española”, en el que se recogen las claves de la reforma de las pensiones de Escrivá y un análisis sobre la ineficacia e ineficiencia del aumento de las cotizaciones sociales. 

El informe denuncia que la reforma de las pensiones aprobada "está claramente desalineada con las de los países de nuestro entorno comparado", donde el incremento de gasto que supondrá el aumento de población en edad de jubilación se ha compensado con otras fórmulas y no con la subida de cotizaciones. Además, critican que la reforma rompe con lo firmado en el Pacto de Toledo, que "había buscado avanzar en la equidad actuarial a través de reformas paramétricas" pasando a centrarse en "el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones, y eliminando mecanismos de control sobre la evolución del gasto".

Todo ello "a pesar de que se espera que el número de pensiones pase de 10 a 15 millones entre los años 2025 y 2048, y que la tasa de dependencia aumentará significativamente, pasando de aproximadamente tres personas con capacidad de cotizar por cada pensionista en el momento actual, a algo menos de dos en 2050", aseguran. 

Tras el análisis de los autores del informe, se pone de manifiesto que la reforma "es insuficiente para cubrir los desequilibrios del sistema de pensiones, y que estos desequilibrios aumentarán".

Así, alertan de que a finales del año 2022, "la deuda de la Seguridad Social superaba los 106.000 millones de euros, y el sistema de pensiones presenta déficit que en 2023 se puede situar en el entorno del 1,8% del PIB". Según las estimaciones, continúan, la reforma generará "un aumento en los ingresos de entre 1,2 y 1,3 puntos de PIB, mientras que el incremento de los gastos será sensiblemente mayor y oscilará entre 2,1 y 4,7 puntos de PIB", por lo que "el déficit y la deuda existentes, lejos de corregirse, aumentarán sensiblemente". 

"Pero esta reforma ya contempla un incremento de las cotizaciones sociales, equivalentes a 2,7 puntos, según estimaciones de la AIReF", además, los desajustes que se generen está previsto que se vayan compensando con mediddas que "pueden incidir sobre los ingresos o sobre el gasto a decidir en el diálogo social, si bien en caso de desacuerdo está contemplado que aumentarán las cotizaciones en el MEI", estos incrementos, según el estudio "repercutirán sobre todos los trabajadores y, principalmente, sobre las empresas, con los efectos negativos que se derivan para la actividad y el empleo". 

El informe destaca que las cotizaciones sociales de las empresas españolas en referencia al PIB "ya estaban antes de la reforma entre las más elevadas de la Unión Europea y de la OCDE". Asimismo denuncian que una vez que se incorporen todos los cambios aprobados, "las cotizaciones sociales de las empresas españolas frente al PIB superarán los máximos actuales existentes tanto dentro de la OCDE como de la Unión Europea", por lo que "no se puede descartar la necesidad de que haya que adoptar medidas por el lado del gasto".

 

En el informe también se destaca que la reforma "deteriora la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional", que provocará un "notable desacople entre el aumento de las bases máximas de cotización y las pensiones máximas", dado que las primeras crecerán a un ritmo muy superior a las segundas: "cada año aumentarán las cotizaciones máximas en 1,2 puntos sobre el IPC frente a 0,115 puntos sobre el IPC de las pensiones".

"Esto supondrá incrementos acumulados unas doce veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones. Esta situación, junto con la cotización adicional de solidaridad, se traducen en una clara ruptura de la naturaleza contributiva de las cotizaciones".

Además, según los expertos habrá una ruptura de la equidad intergeneracional puesto que la "elevación de los tipos de cotización no se traslada a la pensión, dado que para su cálculo se utilizan las bases de cotización de un periodo de tiempo y no se tiene en cuenta el tipo de cotización utilizado", lo que "perjudicará a las generaciones ocupadas en las próximas décadas, que van a pagar un mayor tipo de cotización que las generaciones anteriores para, a su vez, recibir una menor pensión en términos relativos".

También se hace hincapié en los efectos negativos sobre la economía, principalmente sobre el empleo, el crecimiento y la competitividad del país: "el aumento de las cotizaciones deteriorará la competitividad fiscal de nuestras empresas, al tiempo que los expertos señalan que las subidas aprobadas tendrán un efecto negativo sobre el empleo de entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo".

Estiman que el PIB se "resentirá en un 0,6%, con un descenso tanto del consumo como de la inversión privada (0,5% y 0,2% respectivamente)". 

Destaca también la necesidad de fortalecer la actividad y el empleo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, algo que no hace la reforma aprobada: "Impulsar la creación de empleo es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones mediante la ampliación de las bases de cotizantes, sin perjudicar el crecimiento ni la competitividad", y más "siendo España el país que mayor tasa de paro presenta dentro de la Unión Europea", destacan. 

Así, "por ejemplo, si la tasa de paro de nuestro país bajase hasta la media de la OCDE (5%), esto supondría la creación de más de 1,8 millones de empleos, aumentando la recaudación por cotizaciones en algo más de un 9%, que equivaldría al 1% del PIB de 2022, cifra similar a la que se estima que se obtendrá con las medidas recogidas en la actual reforma".