Parece que el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar, la verdad va quedando al descubierto y se vuelve a constatar que las casualidades no existen, como defendía el poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller. Resulta que Repsol denunció el fraude de hidrocarburos ante Teresa Ribera (cuando estaba al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la CNMC, pero no le hicieron caso,... y Leire Díez se puso manos a la obra para desprestigiar a la compañía.
La denominada ‘fontanera’ del PSOE tenía dos trabajos: por un lado, financiar al partido con la trama de hidrocarburos y por otro, desprestigiar a todo aquel (ya fuera empresa, juez, guardia civil, periodista, etc.) que se atreviera a discrepar con Pedro Sánchez o con su partido o con ambos. Así se está viendo en el sumario del ‘caso Leire’ -también denominado el de las cloacas del PSOE- y en la declaración del empresario Joaquín Parra ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que ha accedido El Español. Este último señalaba que Leire Díez le pidió que denunciara a Repsol para lograr un cambio en su directiva (liderada por Antonio Brufau como presidente y Josu Jon Imaz como CEO) favorable a los intereses del Gobierno Sánchez. Además, Leire Díez intento vincular al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas (actual jefe de la UCO) con un supuesto fichaje como jefe de Seguridad de la petrolera.
Recuerden que la trama de hidrocarburos hace referencia a redes empresariales y políticas presuntamente implicadas en fraude fiscal, blanqueo de capitales en el sector de la distribución y la venta de carburantes. Todo empezaba con la obtención de una licencia de importación de hidrocarburos en el Ministerio que lideraba Ribera, pero luego se vendía la citada licencia y no se pagaba el IVA por liquidación ante el fin de la empresa, la cual cambiaba de nombre y seguía en el negocio, ni tampoco se abonaba el Impuesto Especial de Hidrocarburos ni contribuía con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Y así, claro está, podían ofrecer precios muchos más bajos que la competencia.
Repsol denunció dicho fraude y la competencia desleal ante el Ministerio liderado por Ribera y la CNMC, que hicieron oídos sordos, y optaron por lanzarse contra la denunciante. Recuerden que Ribera no tuvo el más mínimo reparo en señalar que Brufau era "poco inteligente" al negar el cambio climático y hasta impulsó que el Consejo de Ministros aprobara la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que castigaba especialmente a las petroleras para financiar a las renovables, pero su tramitación legislativa se ha ido aplazando y aún no ha entrado en funcionamiento.
El fraude de hidrocarburos dejó un agujero fiscal superior a los 3.000 millones de euros y aún sigue alterando la competencia en el negocio de carburantes. Entre las empresas de dicho fraude figuraban: Hafesa (ahora denominada Haxx) y contralada por Alejandro Hamlyn (declarado en rebeldía por la Audiencia Nacional tras su huida a Dubai), Villafuel (propiedad de Claudio Rivas, que tenía respaldo del empresario y comisionista Víctor de Aldama), Gaslow, Petromiralles, Carburantes Nafta y tres sociedades vinculadas con Antonio Rodríguez Estepa, entre otras.
En el sumario del ‘caso Leire’, se recoge que la ‘fontanera’ del PSOE y Santos Cerdán habrían ofrecido impunidad a siete de las principales empresas implicadas en el fraude del IVA de los hidrocarburos, una oferta que incluía la coordinación de estrategias de defensa (instando a los empresarios afectados a sustituir a sus abogados por otros del entorno socialista -Jacobo Teijelo o Ismael Oliver, entre otros-), la búsqueda de acuerdos con la Fiscalía o la Abogacía del Estado... y si eso no iba bien, intentar anular pruebas y actuaciones judiciales, según informa El Economista. Claro que esto no era gratis, sino que a cambio se pedía información sobre responsables de la UCO que investigaban causas que afectaban al PSOE y al Gobierno Sánchez, por ejemplo.